La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta, por unanimidad, el proyecto para adherir a la “Ley Lucio”, que creó el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La capacitación será obligatoria, permanente y continua, destinada a todas las personas que se desempeñan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en todos sus niveles y jerarquías. Podrán también ser destinatarios las organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales.
La ley nacional lleva el nombre de Lucio en honor y como recordatorio al trágico y triste antecedente del niño Lucio Dupuy, de tan solo 5 años de edad, quien vivió un infierno en manos de su progenitora y la pareja.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia será la autoridad de aplicación de la ley y deberá trabajar articuladamente con el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes (CONIAR) para elaborar las políticas públicas que garanticen su correcta aplicación y permanente actualización. También deberá realizar campañas de concientización y difusión sobre las violencias contra las niñas,niños y adolescentes.
Durante la sesión estuvieron presentes padres y referentes de la Ong “Padres de Río Negro y Neuquén”, como su presidente, Fabián Cruciani, y Marisol Saturno y Johnatan Claudio Frego, de Viedma y Cipolletti.
Durante el debate, una de las impulsoras de la iniciativa, Claudia Contreras (JSRN), explicó que la idea de esta adhesión “es visibilizar y sensibilizar a la comunidad en lo que tiene que ver con el abordaje de los derechos de niñas, niños y adolescentes para que nuestras infancias tengan una mejor realidad”.
Argumentó que “es necesario trabajar en la corresponsabilidad en el sistema integral de la protección y promoción de estos derechos”. Expuso datos de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la Provincia que registran que en 2022 en Río Negro han sido vulnerados derechos, dio cuenta de 828 casos de abuso sexual, 275 casos de abandono y 1047 casos de maltrato físico. “Estos números nos deben interpelar como sociedad –advirtió–, ye indicó que un alto porcentaje de estos casos es de índole intrafamiliar.
Juan Martín (JxC), coautor de la iniciativa, agregó que “dependerá de nosotros que esas capacitaciones, esa visivilización que tiene que tener este tema, sea parte de agenda de los municipios, de todos los organismos vinculados al Estado y parte de la agenda que llevan a delante organizaciones como las que preside Fabián Cruciani”.
También advirtió que “muchas veces la Justicia tiene sesgos partidarios ideológicos que van en contra del corazón de la familia, de las relaciones de padres e hijos”, y pidió que la la Justicia tenga una respuesta adecuada.
“Tomemos este tema con la importancia que tiene, con el dolor que está generando en las familias. Que esta conscientización sirva para ese Poder que es la Justicia, que muchas veces permanece bastante alejado de lo que ocurre en el seno familiar”, señaló.
En el mismo sentido, Nayibe Gattoni expresó que esperaba que esta ley sea “una herramienta más para que nuestra justicia sea más activa”.
Daniela Salzotto (FdT) pidió que la premisa sea “basta de vulneración de derechos”, que el Estado implemente el presupuesto que tiene que implementar, y que “los que están en cada uno de los organismos del Estado respondan en tiempo y forma cuando un niño se siente desoído”.
Fabio Sosa, también autor del proyecto, aseguró que esta ley “nos va a marcar un camino para todos los agentes públicos que puede ser un protocolo claro de actuación”.
Carlos Belloso (UC) reafirmó lo expresado por los legisladores autores y reflexionó que cuando se trata de derechos de niños, niñas y adolescentes, no debe haber diferencias ni grietas.
