Avanza en la Legislatura la nueva ley de manejo sustentable de fauna silvestre

La comisión plenaria integrada por Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, y Asuntos Constitucionales y Legislación General trató este martes el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que crea el Régimen Provincial de Gestión Integral de la Fauna Silvestre. La iniciativa obtuvo dictamen favorable y quedó en condiciones de ser debatida en el recinto de la Legislatura.

El proyecto declara de interés público la protección, conservación, repoblación y aprovechamiento estratégico de las especies de fauna silvestre que habitan de forma permanente o transitoria el territorio de la provincia de Río Negro. Propone un marco legal moderno que contempla el uso sostenible del recurso, así como su dimensión económica, cultural, recreativa y de subsistencia.

Durante la reunión, el secretario de Ganadería, Tabaré Bassi, presentó los principales lineamientos del proyecto y brindó detalles sobre los fundamentos técnicos y políticos que motivaron su elaboración. En ese marco expresó: “Tenemos normativas hace muchísimos años y nos vamos acostumbrando a manejarnos con ellas. Pero el tiempo transcurre, las cosas cambian, la tecnología avanza, y nosotros seguimos con normativas que tienen más de 40 años. Venimos remendando, poniendo parches, pero no abordamos soluciones de fondo. Por eso, en esta gestión nos propusimos encarar esos cambios estructurales”.

Sobre la propuesta de ley de fauna, Bassi destacó el trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Fauna Silvestre, la Asesoría Legal del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, y la participación del legislador Carlos San Román, quien aportó su mirada como productor agropecuario.

“Era necesario un nuevo marco legal con una visión más amplia, que contemple la biodiversidad ambiental y a los pobladores que conviven diariamente con la fauna, especialmente en la Región Sur”, explicó.

Bassi subrayó que el proyecto incorpora principios que no estaban contemplados en la normativa actual, como el bienestar animal, y elimina expresiones obsoletas como “hostigar, acosar, mutilar o lesionar animales”. Además, prohíbe el uso de agroquímicos en el manejo de fauna silvestre y establece criterios para evaluar el impacto ambiental y económico de las especies en sus entornos.

La propuesta sustituye el concepto de caza por el de manejo cinegético sustentable, elimina la figura de zoológicos y lugares de exhibición permanente de animales vivos, y regula la cría en cautiverio bajo criterios de sustentabilidad y sanidad, asignando responsabilidades claras a los titulares. También incluye medidas para la conservación, la creación de refugios naturales, investigaciones científicas y campañas educativas. Las especies serán clasificadas según su situación ecológica y su utilidad sustentable, y se incorporan mecanismos más eficaces de control, fiscalización y sanción.

Finalmente, Bassi remarcó: “Todo lo que hagamos hoy en el uso de nuestros recursos naturales debe garantizar que también puedan aprovecharlo nuestros hijos y nietos. Ese es el verdadero sentido de la sustentabilidad que proponemos en esta ley”.

Además, se aprobó la incorporación del artículo 59 bis al Capítulo VIII del Título III del anexo I de la ley S Nº 5592, que establece nuevas sanciones para conductas irregulares en el marco de la actividad cinegética. Se considera punible a quien, durante esta actividad, capture o cause daño a especies clasificadas como amenazadas de extinción, vulnerables o protegidas; utilice métodos o elementos prohibidos; o emplee sustancias o elementos tóxicos. Las sanciones incluyen trabajos de utilidad pública de cinco a quince días, multas de quinientas a dos mil unidades monetarias, y arrestos de uno a diez días. Estas infracciones serán objeto de acción pública, reforzando el control y la protección en la gestión de la fauna silvestre.

En el marco de la misma comisión, productores frutícolas autoconvocados expusieron la situación del sector y manifestaron su respaldo al proyecto de ley que propone la creación de un ámbito formal de discusión y plantearon la necesidad de una política conjunta entre provincias para sostener la actividad.