Una trabajadora municipal de Valcheta sufrió una lesión en la rodilla izquierda mientras realizaba tareas de limpieza en un edificio público. El hecho ocurrió cuando la superficie estaba mojada y la empleada resbaló, golpeó la rodilla contra un escalón y debió interrumpir sus tareas debido a los dolores que experimentó tras el incidente. A partir de ese episodio, se inició un proceso administrativo y, posteriormente, una demanda judicial.
Tras el hecho, la ART reconoció la contingencia laboral y brindó asistencia médica. La trabajadora se sometió a estudios, recibió tratamiento quirúrgico y completó un proceso de rehabilitación. Sin embargo, al recibir el alta médica, consideró que persistían secuelas derivadas de la lesión y promovió una demanda judicial.
En una primera intervención, una comisión médica dejó sin efecto el alta otorgada y ordenó nuevas prestaciones. Luego de completar otra etapa de rehabilitación, la trabajadora recibió una nueva alta. Más adelante, un trámite de divergencia sobre el grado de incapacidad concluyó con la determinación de una incapacidad laboral. La empleada rechazó ese resultado al considerar que no reflejaba adecuadamente las consecuencias del accidente.
Durante el proceso judicial se produjo una pericia médica. La especialista designada examinó a la trabajadora y analizó los antecedentes incorporados al expediente. El informe indicó que la lesión afectó el menisco de la rodilla izquierda y requirió una intervención artroscópica. Asimismo, señaló que la empleada completó la rehabilitación y retomó sus funciones laborales habituales.
La perita estableció que la trabajadora presentaba una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 5,40 % de la total obrera. El cálculo contempló la intervención quirúrgica practicada y los factores de ponderación previstos por la normativa aplicable.
Al momento de resolver, los jueces laborales destacaron la relevancia de la pericia médica y consideraron que sus conclusiones estaban respaldadas por los antecedentes de la causa. En consecuencia, aceptaron ese porcentaje de incapacidad como base para resolver el conflicto.
Finalmente, la Cámara del Trabajo de Viedma hizo lugar a la demanda y condenó a la aseguradora a abonar la indemnización prevista por la legislación vigente en función de la incapacidad laboral reconocida.
