La jueza Karina Alonso Candis desestimó la solicitud de la expresidenta para restablecer el pago anticipado de su asignación mensual, suspendida por ANSES.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pedirá que Cristina Fernández de Kirchner devuelva $1.000 millones por jubilaciones y pensiones que cobró. El Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, avanzará en el pedido de devolución de las sumas indebidamente percibidas.
La decisión se tomó después de que el Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1, a cargo de Karina Alonso Candis, rechazara una medida cautelar presentada por la expresidenta. La solicitud de Fernández de Kirchner buscaba que se le reestablezca el beneficio de asignación mensual vitalicia que se le había otorgado como viuda del expresidente Néstor Kirchner, con fecha inicial de pago del 14 de diciembre de 2010, y respecto del cual existe sentencia judicial.
En diciembre, el gobierno de Javier Milei dio de baja la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner y la pensión vitalicia. Esto tras la confirmación de su pena en la Causa Vialidad.
Según el Ejecutivo, la exmandataria cobraba unos $21.827.624 mensuales netos y la quita de la jubilación se justifica, entre otros supuestos, porque se trata de un “beneficio previsto por la Ley N° 24.018 para expresidentes y ex vicepresidentes de la Nación, es una asignación graciable, sin carácter previsional, que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo. No tiene carácter contributivo -esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- sino que constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor”.
Tras conocerse la decisión del gobierno, la defensa de Fernández de Kirchner interpuso un recurso de nulidad para impedir la medida. Esto considerando que se trata de un paso “ilegal y autoritario” que le hayan sacado los haberes mensuales que percibía por haber sido presidenta de la Nación.
Su abogado aseguró que “no se dio cumplimiento al requisito de permitir la defensa del administrado”. Y agregó: “Si bien la administración argumentó que correspondía suspender la ejecución de un acto administrativo, no explicó los motivos por los cuales dichos argumentos le permiten también quebrantar una ley nacional”.
Asimismo, la expresidenta alegó que la demora en la resolución perjudicaba sus derechos a la seguridad social. Sin embargo, este miércoles la Justicia argumentó que la asignación no es una jubilación común, sino una gracia otorgada como reconocimiento al mérito y honor del cargo presidencial.
Además, la jueza señaló que no existe un peligro grave e irremediable en esperar la sentencia definitiva, y que conceder la medida cautelar sería adelantar un fallo que solo debe darse tras un mayor análisis y pruebas.
