Habrá cambios al proyecto original y se ampliará la propuesta económica. El régimen se concentrará en agentes de Planta y se excluirá a los estatales por jubilarse.
El proyecto de desvinculación para estatales rionegrinos volvió al análisis interno en el gobierno de Alberto Weretilneck para incorporar modificaciones al mecanismo económico que se ofrecerá en ese llamado a retirarse del Estado provincial.
La iniciativa preveía enviarse a la Legislatura en la última semana, pero se postergó por la revisión del diseño pensado originalmente cuando se advirtió que no generaría el interés esperado entre los agentes públicos.
El proyecto se remitirá esta semana, después de la definición del esquema “indemnizatorio” pero ya está resuelto que no sería el adelantado de dos variables, marcadas entre los empleados públicos con menos o con más de 10 años de antigüedad, y consistente en pagos de cinco o de siete sueldos, con la continuidad parcial de su salario por un año.
Esta opción se descartó por insuficiente. Pero, la mejora no llegaría a la del primer borrador, que preveía una remuneración y media por año de servicio. Ese desembolso único del Estado era demasiado para el momento y, por eso, se proyecta un costo inferior y se incorpora el sostenimiento de parte del haber.
Actualmente se evalúa cuál será ese ofrecimiento intermedio para elevar a la Legislatura, con mayor asignación (superior a los cinco y los siete haberes pensados) y, tal vez, un plazo superior en el depósito de parte de su sueldo, con la cobertura del Ipross. Otra variable sería una escala más amplía de rangos de antigüedad.
Como la norma base (la ley 3.135, de 1997), la iniciativa establecerá que el régimen será para el personal de planta y se excluye a quienes estén en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio o “le falten hasta cinco años para reunir los requisitos de edad y servicios para su otorgamiento”. Quedan afuera también los funcionarios o autoridades superiores.
Puntualmente, la administración de Weretilneck aparta de la posible adhesión a policías, penitenciarios y docentes.
Las exenciones o beneficios impositivos ideados para quienes accedan a la desvinculación también se ampliarían. En principio, los retirados que pidan su alta tributaria en alguna actividad no abonarán Ingresos brutos por un período y tendrán otro lapso de descuento del 50%. En el caso de personas humanas o jurídicas que contraten a desvinculados dentro del año gozarán de una bonificación tributaria.
Además, precisa la imposibilidad perpetúa del desvinculado de regresar al Estado. La legislación de 1997 fijaba que el retirado no podía “ingresar por el término de ocho años” pero en el presente proyecto se consigna que “los agentes que accedan a la desvinculación voluntaria no podrán” volver “en ninguno de los regímenes de recursos humanos vigentes en el Estado provincial, con la única excepción de cargos electivos.”
El tratamiento parlamentario se prevé para mediados de mayo, por lo cual, el expediente legislativo debería llegar en los próximos días.
En Bariloche, el ministro de Gobierno, Federico Lutz explicó el proyecto como “respuesta a un porcentaje de agentes que sienten que su pertenencia al Estado se ha terminado, y están buscando alternativas en otros sectores”. Negó la idea que “el Estado Rionegrino requiera de un achicamiento” sino que habló de “mayor eficiencia y una transformación en la relación de empleo”.
En cambio, horas más tarde, Weretilneck reafirmó que la motivación es la reducción de personal por la existencia de un plantel “excedido” y de “descartar” despidos.
Luego, confirmó la intención a la baja del personal al reafirmar que las vacantes generadas por los retiros no serán ocupadas y esas tareas deben ser “absorbidas” por el resto, a partir de una “reestructuración” que estará a cargo de cada área.
También aclaró que el Estado se reservará el derecho de denegar la solicitud de desvinculación.
