Se realizará el llamado a licitación para la construcción del Complejo Judicial de Jacobacci

La presidencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) autorizó el llamado a licitación pública para la construcción del Complejo Judicial Ingeniero Jacobacci. En la misma resolución se aprobó la documentación técnica y legal que compone el legajo particular. El presupuesto oficial asciende a 28 millones de pesos.

La comisión de preadjudicaciones estará integrada por la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal; por la Administración General y por el Área de Infraestructura y Arquitectura del Poder Judicial. En una próxima resolución se conocerán los detalles del pliego y las fechas estipuladas para el proceso de licitación. El presupuesto exacto es de 28.497.375,65 de pesos.

En 2017 el STJ y la Municipalidad de Jacobacci firmaron un convenio que permitirá la construcción del inmueble para albergar el Juzgado de Paz, la Casa de Justicia y la Defensoría.

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El Municipio, mediante ordenanza, donó al Poder Judicial dos lotes que totalizan 700 metros cuadrados. El Poder Judicial, por su parte, realizará el proyecto y la obra destinada a la Casa de Justicia, al Juzgado de Paz y a la Defensoría, que incluirá una sala videoconferencias y audiencias, y una sala de espera. El proyecto deberá prever, además, posibilidad de futuras ampliaciones.

La comuna realizó la ejecución de la limpieza, relleno, nivelación y alambrado de los terrenos donde se levantará la obra.

La resolución firmada por la jueza Liliana Piccinini, presidenta del STJ, destaca que “la ejecución de la presente obra se funda en la necesidad de tener una justicia más cercana a la comunidad que permita resolver los conflictos con eficacia y rapidez, lograr una mejora continua de los sistemas judiciales provinciales y la incorporación de tecnologías para garantizar un servicio moderno e independiente”.

La construcción de esta obra integra una política pública trazada por el STJ para consolidar el patrimonio edilicio del Poder Judicial, con el objetivo de contar con edificios propios, adecuados a la función judicial, al trabajo de los agentes judiciales y a la mejor atención de los usuarios del servicio.

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