Se aprobó la emergencia pública por violencia de género

La Ley es de autoría de las Senadoras Odarda, Ríofrio y Aguirre.
En su intervención, la Senadora Odarda (Frente Progresista CC ARI), resaltó y  reconoció a las “mujeres de Río Negro, al Movimiento de Mujeres Bariloche que mantuvo la bandera de la emergencia nacional y provincial  a través de los años.  Al Concejo Municipal de Bariloche y Viedma que tienen su ordenanza o la tendrá en pocos días. A todas las redes y organizaciones de mujeres de mi provincia”. Decía.
Esta Ley dispone la declaración en todo el territorio nacional, según lo dispuesto en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social por violencia de género, delegando al Poder Ejecutivo Nacional las facultades comprendidas en la ley hasta el 31 de diciembre de 2019,  se permite reasignar partidas presupuestarias para implementar todas las medidas de prevención necesarias, se fomenta la articulación entre las distintas provincias, la capacitación de operadores de salud y funcionarios judiciales, policiales y administrativos para proceder adecuadamente ante casos de violencia, entre otras medidas urgentes.
Y tiene como objetivo primordial paliar y revertir el número de víctimas por violencia de género en todo el territorio nacional.
Además se establece, que las mujeres que se encuentren en situación de emergencia social por violencia de género, una asignación económica mensual equivalente a un salario mínimo vital y móvil a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se reinserten laboralmente según cada caso.
Odarda expresó que “a pesar de la aprobación de la ley 26.485 que significó un avance en la lucha contra las violencias hacia las mujeres en nuestro país, desde un abordaje integral que prioriza el derecho humano fundamental a una vida libre de violencias. Propuso un cambio de mirada, distinto al abordaje de la violencia hacia las mujeres como un suceso domestico de carácter privado y circunscrito al ámbito de la familia. Planteó que la desigualdad de género es la causante de la discriminación y violencia, con su expresión más extrema en el femicidio”.
Por otro lado se refirió a la falta de presupuesto y dijo que “si bien aparentemente hay un reconocimiento de la problemática, en la realidad, no se destina el financiamiento necesario para solucionarla”.
Asimismo decía que “faltan registros oficiales no existen registros oficiales y centralizados en la Argentina. Los únicos datos disponibles son lo que produce desde el año 2009, el Observatorio de femicidios «Marisel Zambrano» de la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”, que elabora informes a partir de los datos de las agencias informativas y diarios.
Recordó que el Consejo Nacional de las Mujeres y el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) firmaron un convenio en el 2012 para elaborar un registro único de casos de violencia contra las mujeres en todo el país, pero éste no se ha realizado aun.
La declaración de emergencia era una necesidad imperiosa, cuando las cifras continúan siendo abrumadoras  con un femicidio cada 30 horas conforme revelan los relevamientos de las organizaciones especializadas , las políticas públicas resultan insuficientes, los instrumentos específicos carecen de financiación y se le ha otorgado a esta problemática un espacio insuficiente en la agenda prioritaria de los órganos de gestión.
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