PAMI está llevando adelante una revisión profunda de los mecanismos de compra y provisión de insumos en sistemas delegaciones, con el objetivo de cortar de raíz las prácticas discrecionales y abusos heredados de gestiones anteriores.
Durante años, la política convirtió a PAMI en una caja. Usaron el Instituto para hacer negocios, y montar estructuras clientelares en cada rincón del país.
Esta intervención forma parte de una política clara: desarmar las mafias internas y terminar con los privilegios
El objetivo es ordenar el Instituto, cuidar cada peso de los afiliados y garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
En ese proceso, se detectó un uso llamativamente elevado de las vías de excepción —un mecanismo que, por definición, debe ser excepcional— para la entrega de medicamentos, insumos y tratamientos. En muchos casos, estas vías se usaban para eludir licitaciones y procedimientos formales, abriendo la puerta a manejos poco transparentes y posibles desvíos de fondos públicos.
Las autoridades del Instituto ya iniciaron una investigación interna y, de confirmarse las irregularidades, se avanzará con las sanciones correspondientes. No se va a tolerar que la plata de los jubilados termine en manos de vivos que durante años hicieron negocios al margen de la ley.
PAMI no será más una caja negra al servicio de la política. Estamos terminando con años de descontrol y connivencia entre funcionarios y proveedores. Esta gestión vino a poner orden, transparencia y a defender los intereses de nuestros afiliados. El tiempo de la impunidad se terminó.
