Más presión para las economías regionales.

El aumento en las tarifas del gas y electricidad en todo el país anunciado por el Ministro de Energía de la Nación, se presenta como una presión mas para las economías regionales del interior.

En cada una de las regiones, las economías se encuentran en situación de emergencia debido a largos años de medidas financieras que ahogaron al productor, sumado al viraje de la economía hacia las actividades extractivistas de alto impacto en los territorios. La política dispuesta por las entidades financieras, hizo desaparecer a gran número de productores, fortaleciendo un proceso de concentración de la tierra, especulación y persecución por deudas.

En el caso particular de Rio Negro, a la crisis frutícola, a la desaparición de los productores primarios, y a su vez, la concentración de la tierra productiva en pocas empresas, debe agregarse la imposición de una actividad extractiva de alto impacto como son las explotaciones de gas y petróleo no  convencional – a través de la técnica de fracking o fractura hidráulica-, impuestas por el gobierno provincial y nacional en el medio de las chacras del Alto Valle rionegrino

Esta actividad claramente contradictoria con la producción frutihorticola y muy contaminante, se instaló en el medio de los frutales -peras y manzanas-, de los barrios rurales y cerca de las escuelas, sin siquiera contar con Estudios de Impacto Ambiental ni Audiencias Públicas en las que la población pudiera expresarse.

Ahora se anuncia un aumento generalizado del gas en todos los distritos, algo que contradice los mismos dichos del Ministerio de Energía acerca que en las provincias productoras de gas, no habría aumentos. En conclusión, se impone un modelo destructivo en lo ambiental y, tras cartón, se debe absorber un aumento injusto en el gas que se consume. Todo esto en el contexto de la grave crisis que viven los fruticultores rionegrinos.

Ya no caben dudas que esta región productiva es una «zona de sacrificio» disponible para la explotación petrolera, con el único afán de recibir las regalías – similar a «regalo»-, sin admitir que la actividad es totalmente incompatible con cualquier producción que utilice a la tierra y el agua como bien natural indispensable.

Por otro lado, pese a las últimas medidas de devaluación de la moneda, la eliminación de las retenciones y el reintegro por las exportaciones por puertos patagónicos, paradójicamente, esto no ha beneficiado a los productores primarios afectados.

Si tomamos en cuenta que, aproximadamente, un 94% de productores son los denominados primarios, puede tenerse una dimensión acerca de lo poco significativas que resultan las medidas en la realidad regional para un gran número de productores.

Seguimos reclamando que sea el Estado, desde su rol regulador de intereses a favor del sector productivo mayoritario, más dependiente y necesitado, quien intervenga fuertemente. Para eso necesitamos una ley nacional.

La creación del Instituto de la Pera y la Manzana -proyecto de mi autoría, trabajado por las Cámaras de productores de Avellaneda y Rio Colorado, y antes por el Movimiento de Mujeres en Lucha-, al igual que las leyes en vigencia del instituto de la yerba mate, es una respuesta para solucionar los desequilibrios de poder al momento de la comercialización de estos productos, incorporando la noción de precio justo. Por eso pedimos su aprobación en el Congreso nacional.

De esa manera sería factible gestar, como es necesario, una economía en la que el sector productivo mayoritario -los productores primarios- se beneficie a través de una equilibrada distribución de esfuerzos y ganancias.

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