La Defensora del Pueblo propuso modificar la Ley de Transporte Público

La presentación de la Defensoría del Pueblo se originó en las numerosas quejas recibidas por usuarios de la empresa KO-KO de la zona del Valle, y los relevamientos y expedientes iniciados de oficio por el organismo de control.

En este contexto, la defensora hizo uso de las facultades que le confiere el artículo 25 de la ley 2.756 y elaboró un proyecto para actualizar la ley 651 que fue aprobada en el año 1971, durante el gobierno de facto del general Roberto Requeijo, sin debate legislativo ni fundamentos basados en los derechos ciudadanos.

Como se observa diariamente en rutas y caminos de la provincia, el transporte público tiene un impacto negativo en la calidad de vida de los distintos sectores de la sociedad, principalmente en aquellos que dependen de este servicio para movilizarse.

“La propuesta que presentamos surgió del estudio que realizamos con nuestro equipo de asesores técnicos con quienes descubrimos que esta normativa nació durante una dictadura militar, hace más de 40 años, sin que haya tenido modificaciones sustanciales en todo este tiempo. Al respecto, observamos que uno de los principales aspectos a contemplar es la necesidad de dotar al Poder Ejecutivo con herramientas que le permitan ejercer un control efectivo para mejorar la calidad de la prestación. En esa dirección, uno de los puntos para destacar es la creación de un Cuerpo de Inspectores adecuado a las necesidades de fiscalización y el establecimiento de sanciones ante los incumplimientos”, adelantó Nadina Díaz.

Con respecto al proyecto de ley prevé la informatización del área de Transporte y propone que la provincia cuente con inspectores “en número adecuado”, “capacitado” en la materia y “dotado de tecnologías” para desempeñar su tarea.

Por otra parte, los inspectores tendrían a su cargo la recepción y el seguimiento de los reclamos de los usuarios en Oficinas de Atención al público. El funcionario responsable, tendría la obligación de dar respuesta escrita a la totalidad de los reclamos dentro de un plazo que no podría exceder los 20 días hábiles.

“Otra cuestión a resaltar tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad. En este sentido, en acuerdo con lo que dicta el artículo 49 de la Ley provincial 2.055, tendrán derecho a ser transportados gratuitamente sin más requerimiento que la presentación del certificado de discapacidad. Además, este derecho será extensivo a un acompañante en caso de necesidad documentada”, amplió la Defensora.

Con el objetivo de lograr equidad e integración en la provincia, la propuesta dota al área de Transporte con facultades para determinar la realización de recorridos específicos, la inclusión de destinos o paradas en los ya existentes, y la definición de servicios especiales para personas o grupos determinados.

En referencia a las sanciones establecidas en caso de incumplimiento de la ley, el organismo estatal podría aplicar apercibimientos, multas, suspensión o caducidad del permiso o la concesión, inhabilitación temporal y definitiva, conforme a los procedimientos administrativos vigentes.

“Tenemos muchas expectativas en el debate que se pueda abrir a partir de este proyecto porque sabemos que es una cuenta pendiente para los rionegrinos. Esto se ve claramente en los justos reclamos de los vecinos que usan el servicio, sin olvidar el momento de creación de la normativa vigente que fue aprobada durante un período de dictadura militar de nuestro país, sin debate ni representación real del pueblo. Pasaron casi 45 años más y creemos que la provincia se merece discutir el tema y modificar la ley”, concluyó Nadina Díaz

Que te ha generado esta noticia?
  • Me Enoja (0%)
  • Me Aburre (0%)
  • No me Gusta (0%)
  • Me Interesa (0%)
  • Me Gusta (0%)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.