Se realizó el Encuentro en Defensa del Agua y el Territorio en Jacobacci

Los días 11 y 12 de mayo, se realizó en Ingeniero Jacobacci, Río Negro, el Encuentro en Defensa del Agua y el Territorio, con la presencia de importantes expositores, el Dr. Antonio Gustavo Gómez, Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y Titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA) del NOA, Claudia Huircán de la Red de Iglesias y Minería y el Equipo de Justicia Paz e Integridad de la Creación de los Misionerosn Claretianos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, el abogado Edgardo Manosalva defensor de comunidades del Pueblo Mapuche y  Domingo Jofré y Saúl Ceballos de la Asamblea “Jáchal no se toca”.

Abrió las jornadas Claudia Huircán, referente de Iglesias y Minería, una organización ecuménica continental, quien explicó que “es un espacio en el que el extractivismo megaminero es el eje central de trabajo a nivel continental no solamente como una mera expresión de deseos del cuidado de la casa común, sino como el reflejo de una acción concreta que se vive en diferentes puntos del continente. Nosotros como cristianos tenemos un posicionamiento ético en referencia al cuidado de la casa común y la defensa integral de la vida amenazada. Hoy contamos con un fuerte respaldo a partir de la Encíclica Laudato Si, que vino, tal vez por primera vez en la historia, a brindarnos esa contención que necesitábamos los cristianos que desde hace años venimos trabajando en diferentes puntos con estas temáticas”. Luego realizó un recorrido de la historia de resistencia del pueblo de Jacobacci para que no avanzara la megaminería, y el actual momento de vulnerabilidad que atraviesan las comunidades de la Línea Sur rionegrina.

El abogado Edgardo Manosalva centró su atención en la cuestión territorial y las dificultades y persecución que actualmente sufre el Pueblo Mapuche en su tierra: “a partir de la sequía y la ceniza, las comunidades van siendo poco a poco arriadas a soluciones como la megaminería contaminante como única solución a problemáticas que ya venían de antes, el Estado se retira y dejan a las mineras que actúen”. En cuánto a la militarización que vive la Patagonia dijo “cada vez tenemos más Gendarmería, más Prefectura, tenemos lo que se llama represión de baja intensidad, por eso nuestros jóvenes mapuches ya no usan trarilonko, sobre todo desde 2017, porque tienen que andar camuflándose porque los para sistemáticamente la policía y eso hace más dificultoso juntarse, esto ocurre en un contexto de recuperación cultural. Vivimos en un territorio de teléfonos pinchados, lo que genera una paranoia y una gran preocupación”, mientras “se está haciendo una gran concentración de tierras” en el sur argentino.

La intervención más elocuente de las jornadas estuvo a cargo de los asambleístas de “Jachal no se toca”. Domingo y Saúl, relataron la historia de la megaminería en su región y cómo han tenido que gestionar sus propios análisis para conocer el estado del agua tras los derrames producidos en la mina Veladero, propiedad de la Barrick Gold, que dieron “alarmantes resultados con altos contenidos de mercurio, aluminio, manganeso, cromo, plomo, cobalto, entre otros”, y que pudieron ser contrastados con los que vienen haciendo desde hace varios años. También resaltaron el gran negocio que realiza la empresa, “mientras las empresas tienen ganancias, se las llevan unos pocos, privatizan las ganancias, pero cuando hay pérdidas, cuando hay que soportar pasivos ambientales, que los tendría que soportar la empresa, ahí socializan las pérdidas, vamos a tener que tomar un crédito todos los sanjuaninos para resolver la contaminación que genero una empresa y que mientras tubo ganancias se la llevó a paladas. Ni siquiera termina siendo un negocio, sino que es pura pérdida para el pueblo, los únicos que ganan son los empresarios megamineros que se llevan todo afuera, y algunos empresarios locales que pueden prestarles servicios y ganar mientras está la empresa megaminera. Ni siquiera los trabajadores, los trabajadores no hacen diferencia con eso, los engañan. En Jachal mucha gente presentó currículo, los llamaban por tanda, durante 4 o 5 meses, después los dejaban sin trabajo, les decían ´ya los vamos a llamar´ tomaban a otro grupo otros meses más y les hacían lo mismo, entonces todos quedaban esperando. Son tácticas que utilizan las empresas para que no pensemos en los perjuicios que pueden traer a la calidad del agua y en definitiva al futuro de nuestros hijos, nuestros nietos”, además explicaron los subsidios que tienen para el combustible y los beneficios impositivos de los que gozan. En relación a la salud de los habitantes, especialmente después de los sucesivos derrames que se dieron desde fines de 2015, dijeron que “pedimos ante la justicia que se realice en el plazo de 48 hs un análisis de metales en sangre a la población que por su cercanía al río (Jachal) o que consuma agua fuera del casco céntrico de Jachal que pueda haber estado expuesta a presencia de metales pesados en el agua. Dijimos 48 hs y un año y medio después quisieron hacer los análisis, era tarde, porque los metales en sangre no duran más que unas horas, después quedan en los tejidos y ese estudio no lo hemos podido hacer (…) el año pasado, entre julio y agosto, salió en el agua de la canilla que nosotros usamos para consumo humano un 200 y 300 % más de mercurio de lo permitido por el código alimentario argentino”. Para terminar sentenciando, “se usan 10 millones de litros de agua por día para convertirla en una solución cianurada que es una masa que no tienen retorno, no se puede volver a utilizar, se pierden 10 millones de litros de agua por día”.

Como cierre de cada una de las dos jornadas de encuentro, expuso el Fiscal Federal Gustavo Gómez, quien explicó una sentencia judicial en a favor de la comunidad de Chuschagasta, en la provincia de Tucumán: “los pueblos originarios no pueden ser molestados en la propiedad de sus tierras, ni siquiera por la secretaría de minería, eso significa que no se pueden meter a buscar ni siquiera petróleo en mi territorio si yo como comunidad no quiero (…) cualquiera que quiera hacer una violación del territorio de los pueblos originarios comente un delito federal (…) lo primero que hay que tener es información, esa información es importante porque si está la información un juez puede tomar decisiones, por eso hay que pedir la información en base a la ley 25831 que es la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Ambiental, y no se le puede negar a ningún ciudadano, si se niega esa información, podemos recurrir a un juez”. Para finalizar Gómez expresó claramente la problemática ambiental a la que se expone a una comunidad con el extractivismo descontrolado: “Cuando les digan que la minería no va a ser con cianuro, mátense de risa, porque la minería moderna ya no viene con cianuro, es peor. La minería nueva utiliza algo que es una fórmula de distinto tipos de sustancias que es secreta, más secreta que la de la Coca Cola, cada empresa tiene su fórmula para poder extraer minerales, pero si esa fórmula va a afectar el ambiente, la tienen que dar a conocer, porque no te pueden estar aplicando en tu territorio una fórmula de minerales o sustancias que pueden ser altamente cancerígenas. Minera La Alumbrera contaminaba 5,5 millones de litros de agua en un proceso en el que tiraban todo en un piletón enorme, le echaban esta fórmula y empezaban a separarse los minerales, lo que no servía iba abajo, lo que servía iba arriba. Venía una barredora, barría todo lo metía por un caño y se lo mandaban a Tucumán para que ahí se secara el mineral. Que pasaba, nadie sabía lo que contenía esa fórmula, hasta que empezó a aparecer mercurio en un montón de lugares donde antes no había mercurio, qué pasaba, esa fórmula si tenía mercurio, conclusión, era mil veces peor que el cianuro (…) ¿Podemos hacer algo para cambiar esa realidad? ¿Qué se necesita? La respuesta es una sociedad militante, gente que esté dispuesta a apoyar y a marchar (…) se necesita un sistema judicial que se apoye con la fuerza de un pueblo activo”.

 

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