Municipio de Maquinchao deberá pagar más de $100.000 a cooperativa

El municipio de Maquinchao deberá pagar una deuda cercana a los 100.000 pesos a una cooperativa de servicios por una obra de gas que fue concluida y aprobada. Así lo resolvió la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería al hacer lugar a la demanda de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo El Maiten Ltda. contra el municipio de la localidad sureña, por la falta de pago de un contrato de servicios.

El fallo lleva las firmas de los jueces Edgardo Camperi, Carlos Cuellar y Emilio Riat quienes condenaron al municipio de Maquinchao a pagar la suma de 97.975 pesos más los intereses correspondientes.

De acuerdo a la presentación, la Cooperativa demandó la falta de pago de poco menos de cien mil pesos con más los intereses desde el mes de enero de 2010, indicando que dicha suma constituye el saldo adeudado con motivo del contrato de locación de obra 54-09 y cuyo objeto era el asesoramiento, asistencia, construcción y financiamiento de la obra “Readecuación Redes GLP de Maquinchao”.

Los cooperativistas señalaron en la demanda que pese a haber entregado la obra concluida en el mes de enero de 2010, la demandada adeuda la suma que originó el reclamo. Agregaron que la obra fue llevada a término conforme proyecto y planos aprobados y visados por Camuzzi Gas del Sur y debidamente puesta a disposición de la municipalidad, cumpliendo su parte con la prestación a su cargo, no así la demandada la que, pese a las intimaciones cursadas, no hubo cancelado la suma adeudada.

El municipio pidió el rechazo de la demanda indicando que no se agotó la vía administrativa a los fines de que el municipio constate y preste conformidad o disconformidad con la finalización de la misma, verifique los pagos efectuados y en su caso la imputación de los mismos, tendiente a revisar si se debe producir un pago, señalando que no consta certificado final de obra, el que constituye un instrumento fehaciente con el cual se acredita el monto de la obra así como el quantum del crédito pertinente del contratista, constituyendo el antecedente inmediato de la orden de pago estatal, por lo cual el reclamo administrativo previo resulta necesario a los fines del cobro de los mismos.

Al analizar el planteo, los jueces recordaron que resultaba evidente que “las partes han estado unidas por un contrato de locación de obra -art. 1251 CCC.- por el cual la contratista asumía el compromiso de realizar una obra de Distribución de Gas Natural en la localidad de Maquinchao y la comitente se comprometía a abonar el precio libremente convenido de 222.631 pesos de la manera en que se hubo acordado”.

Luego añadieron que “Encuadrada la cuestión resulta necesario determinar cuál de las partes hubo cumplido con su compromiso de acuerdo a las pautas convencionales acordadas. En tal sentido es evidente que la “Cooperativa” hubo satisfecho las obligaciones a su cargo, realizando la obra de acuerdo a las reglas del arte sin que exista acreditación alguna de que hubiera existido reclamo por parte de la comitente en aspecto alguno de lo construido”.

Más adelante señalaron que “Si como puede observarse, la contratista hubo satisfecho las obligaciones a su cargo, no puede decirse lo mismo del ente público sobre el cual pesaba una de las obligaciones principales, cual es la de abonar el precio acordado en el plazo convenido. Esta obligación no hubo resultado satisfecha en tiempo y forma. Para tenerlo por acreditado no se hace necesario un examen exhaustivo del material probatorio, ni indagaciones profundas sobre las conductas de los contratantes, basta con remitirnos a los propios términos de la contestación de demanda, oportunidad en que el municipio hace saber que no hubo dado cumplimiento al pago en razón de no haber recibido el aporte provincial comprometido para la realización de la obra de gas, cuestión completamente ajena a la esfera de acción de la contratista quien, cumplidas sus obligaciones esperaba el pago por las labores ejecutadas”.

Resumieron que “con respecto a la exigencia que la demandada considera ausente, es decir, el reclamo administrativo previo, resulta oportuno señalar que el Estado no puede resultar demandado de manera directa sin transitar la “condición” que el municipio señala, es decir, el reclamo previo. En el caso que nos convoca, pareciera que exigir el agotamiento de la instancia administrativa no constituiría la posibilidad de que el contratista pueda obtener el reconocimiento de su crédito, sino que implicaría el cumplimiento de un formalismo inconducente desde que ha sido el propio municipio el que ha reconocido su imposibilidad de pago en razón de la ausencia del aporte comprometido por el estado provincial. En estas condiciones exigir que el administrado desande el camino de la propia administración, previsto para que esta brinde una respuesta concreta al pedido de aquél, significaría el cumplimiento de un mero ritualismo sin sentido finalista alguno”.

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