JSRN ya apeló el fallo del Tribunal Electoral

Los apoderados de Juntos Somos Río Negro, Damián Torres e Ignacio Rodríguez, presentaron ante el Superior Tribunal de Justicia contra la sentencia del Tribunal Electoral Provincial que impide la candidatura de Alberto Weretilneck.

En el escrito señalan que esa determinación del TEP es “arbitraria, atento a que posee una deficiente motivación, parcializada en argumentos (incluso al analizar los debates constituyentes del año 1988, descontextualizando citas) y que prescinde de las circunstancias fácticas del presente caso, omitiendo además abordar los ejes centrales defensistas de nuestra parte sin considerarlos ni siquiera como para refutarlos”.

Mencionan “interpretaciones de la normativa parcializada, prescindiendo de tratados internacionales (en particular de aquellos pactos que norman los derechos civiles y políticos), aplicando una postura restrictiva en todo el razonamiento normativo y partiendo desde un análisis desde hipótesis abstractas y abusivas”.

Los letrados entienden que la Constitución de Río Negro “CRN y habilita -para este caso concreto- la consecuencia de vicegobernador, gobernador, vicegobernador, gobernador; y también, como sería para este caso, vicegobernador, gobernador, gobernador”.

En ese sentido agregan que el número de 8 años de gobierno “sólo surge de una tergiversación e incompleta interpretación de la Constitución. La alternancia de un mandato en el cargo se observa cumplido (G, Vice, G, Vice). La limitación e interrupción del poder ininterrumpido de una persona también está cumplido (se desplaza con intervalo de un período de mandato el poder del ejecutivo)”.

Afirman que “no se afecta el sistema republicano federal y tampoco el provincial. No hay reelección indefinida. Nada prohíbe esa forma de alternancia, teniendo en cuenta el caso concreto y la circunstancia particular de Acefalía, en los cargos de G y Vice que permite a una persona postularse de forma consecutiva (integrando diferente fórmula)”. “No observamos cuál es el óbice constitucional o legal. Existen constituciones provinciales que prevén la reelección indefinida, porqué en RN una “interpretación” de la justicia prohíbe lo que la CRN permite”, se preguntan.

“Por eso, desconocer la específica y concreta posibilidad de postulación que permitió el Constituyente y así lo escribió en la Constitución es un acto de soberbia (por parte del Tribunal Electoral) que implica desconocer no solo el intelecto de los convencionales sino de atribuirse un poder por sobre la Constitución para hacerle decir lo que ella no prohíbe”, subrayan.

 

EL DOCUMENTO:

AUTOS: “INCIDENTE DE IMPUGNACIÓN DE CANDIDATURA EN AUTOS: «ALIANZA
ELECTORAL TRANSITORIA JUNTOS SOMOS RIO NEGRO s/ OFICIALIZACIÓN
LISTA DE CANDIDATOS (Elección Provincial 07-04-2019)»
EXPTE: 21/1/2019/TEP
OBJETO: PRESENTAN APELACION.
Sr. Juez y señores Juezas.
Damián Torres e Ignacio Augusto Rodríguez, en calidad de Abogados
apoderados de la Alianza “Juntos Somos Rio Negro”, manteniendo el domicilio especial
constituido en calle Ceferino Namuncurá No 124 de Viedma, nos presentamos y a V.E.
respetuosamente manifestamos:
I. OBJETO:
Venimos en tiempo y forma, en los términos del artículo 152 primer párrafo in
fine del Código Electoral (Ley O 2431), a presentar recurso de Apelación contra la
sentencia n° 12, registrada T° I del Tribunal Electoral Provincial (Fo 30/46), de fecha 26
de febrero de 2019, notificada personalmente a las 17 hs. del mismo día.-
II. INTRODUCCIÓN:
Señores Jueces del STJRN, en esta apelación demostraremos de forma
pormenorizada el sinnúmero de errores de hecho y de derecho como así también de
citas de la convención constituyente de 1988 en las que el TEP se basa para arribar a la
sentencia que se recurre, todo lo cual expondremos pormenorizadamente a
continuación.
La apelación en concreto entonces, se sustenta en función de la doctrina de la
“Arbitrariedad” y el “Absurdo razonamiento de la legislación aplicable”.
Hablamos de una sentencia arbitraria, atento a que posee una deficiente
motivación, parcializada en argumentos (incluso al analizar los debates constituyentes
del año 1988, descontextualizando citas) y que prescinde de las circunstancias fácticas
del presente caso, omitiendo además abordar los ejes centrales defensistas de nuestra
parte sin considerarlos ni siquiera como para refutarlos.
A su vez, hablamos de un absurdo razonamiento de la legislación vigente,
puesto que se ha realizado interpretaciones de la normativa parcializada, prescindiendo
de tratados internacionales (en particular de aquellos pactos que norman los derechos

civiles y políticos), aplicando una postura restrictiva en todo el razonamiento normativo y
partiendo desde un análisis desde hipótesis abstractas y abusivas.
“Es condición de validez de las sentencias judiciales que ellas sean fundadas y
que constituyan, por tanto, derivación razonada del derecho aplicable, con referencia a
los hechos comprobados de la causa, exigencia que no cumple el fallo impugnado en
cuanto se apoya en una afirmación dogmática para resolver un punto controvertido de
derecho, sin analizar las circunstancias concretas del caso y las específicas de la
legislación aplicables ni las argumentaciones de los afectados por las medidas
impugnadas (LL.1980-A, 641 [35.410-S])” STJRNS3 Sent. 70/17.
“La Corte Nacional tiene dicho que es condición de validez de las sentencias
que sean fundadas y, por ende, que constituyan una derivación razonada del derecho
vigente. En consecuencia, es sentencia arbitraria y por ende inconstitucional, tanto la
que carece en absoluto de motivación como la que solo tiene fundamentación aparente e
inhábil. Una sentencia que contiene fundamentos meramente aparentes, en realidad, es
un decisorio fundado exclusivamente en la voluntad de los jueces, en afirmaciones
dogmáticas de derecho o alejadas de las constancias de la causa, en pautas genéricas o
de excesiva latitud o desprovistas de toda razonabilidad. (STJRNS3 «YACOPINI» Se.
13/15) STJRNS3 Sent. 70/17”.
En este marco, como eje central, para luego ingresar en profundidad,
mencionamos:
Principio Republicano: TEP (página 27) “si por el principio republicano adoptado
en Río Negro la duración del mandato se ha fijado en 4 años (art. 174) y se permite una
reelección o sucesión recíproca por un nuevo periodo y por una sola vez (art. 175)”
Consideración de la solución a partir de sus consecuencias: TEP (página 28/29)
“no puede compartirse una solución contraria a los fines para los que la norma fue
instituida por el Constituyente, permitiendo que quien fue Vicegobernador y luego
Gobernador, integrando diferentes fórmulas electorales, no se encuentre comprendido en
la inhabilidad legalmente impuesta”.
Razonabilidad de la norma: TEP (página 29) “Si no se inhabilitara … quebrantar
la razonabilidad de la norma y, con ello, la finalidad de ésta, en tanto posibilitaría acceder
a un tercer mandato a quien ostenta más antecedentes en la línea gubernamental que
un Vicegobernador, por haber sido elegido Vicegobernador y Gobernador sucesivamente
y de modo continuo”.
Improcedencia análisis art. 180 C.P.: Ante el supuesto de análisis del art. 175
deviene innecesario el tratamiento del art. 180 y por ende la doctrina y jurisprudencia,
incluso de la Corte Suprema del Fallo Fellner.

Análisis:
Sobre el principio republicano adoptado en Río Negro:
Error de derecho constitucional: como lo tiene dicho la CSJN, ver infra cita y
voto del doctor Fayt, la posibilidad o no de elección consecutiva o alterna no integra el
sistema republicano (correcto funcionamiento de las instituciones). Los Fallos 326:3448 y
327:5055 resuelven concreta y específicamente un igual caso (Fellner, en provincia de
Jujuy) al que aquí se presenta (postulación de AW) y confirman que no se afecta el
sistema republicano ni existe cuestión federal.
De allí que la conclusión del TEP de que el principio republicano adoptado en
Río Negro tiene una duración máxima de 8 años, se basa sólo en su interpretación del
art. 175 de la CP.
Ese número, 8 años, sólo surge de una tergiversación e incompleta
interpretación de la CRN.
La alternancia de un mandato en el cargo se observa cumplido (G, Vice, G,
Vice). La limitación e interrupción del poder ininterrumpido de una persona también está
cumplido (se desplaza con intervalo de un período de mandato el poder del ejecutivo).
No se afecta el sistema republicano federal y tampoco el provincial. No hay reelección
indefinida.
Nada prohíbe esa forma de alternancia, teniendo en cuenta el caso concreto y la
circunstancia particular de Acefalía, en los cargos de G y Vice que permite a una persona
postularse de forma consecutiva (integrando diferente fórmula).
No observamos cuál es el óbice constitucional o legal. Existen constituciones
provinciales que prevén la reelección indefinida, porqué en RN una “interpretación” de la
justicia prohíbe lo que la CRN permite.
Sobre la consideración de la solución a partir de sus consecuencias:
Error en la fuente de argumento: El TEP parte de la anterior errónea premisa y
de allí no comparte ninguna posibilidad de más de dos mandatos consecutivos en
cualquiera de los cargos de gobernador y vice.
Se basa en parciales y tergiversadas citas de la convención constituyente y en
que esos funcionarios son una “fórmula” o “bloque”.
Más allá de lo jurídicamente obsceno de este último argumento, como infra se
verá, lo cierto es que la CRN permite y habilita -para este caso concreto que nos
convoca- la consecuencia de vicegobernador, gobernador, vicegobernador, gobernador;
y también, como sería para este caso, vicegobernador, gobernador, gobernador.
Obsérvese mas abajo que, inclusive, el dictamen de los Convencionales Juan
Agustin Arturo, Nestor Belmonte y Graciela Campano, proponían otra redacción del art.

175: “El Gobernador y Vicegobernador duran en su mandato cuatro años y pueden ser
re-elegidos consecutivamente una sola vez. … reelectos no pueden postularse para el
periodo siguientes…”.
Es evidente que este, como tantas otras opiniones que se escribieron y otras
que no se plasmaron en las actas de la convención, la reelección y alternancia en los
cargos de Gobernador y Vice fue altamente discutido. Y no podría esperarse otra cosa
en razón de la importancia de la decisión.
Por eso, desconocer la específica y concreta posibilidad de postulación que
permitió el Constituyente y así lo escribió en la CRN es un acto de soberbia que implica
desconocer no solo el intelecto de los convencionales sino de atribuirse un poder por
sobre la Constitución para hacerle decir lo que ella no prohíbe.
La CRN, ni sus convencionales constituyentes, nunca escribieron ni tuvieron la
intención ni finalidad de establecer la “consecuencia”; el TEP se coloca al nivel de los
constituyentes, los “entiende”, sabe lo que “pensaron”, cuales fueron sus fines y por eso
dictó su resolución de jerarquía constitucional modificando sus expresas normas e
imponiendo una prohibición no escrita ni querida.
Sobre la razonabilidad de la norma: Sólo es más de lo mismo. El TEP con su
omnipotencia y omnipresencia llegó hasta la “finalidad” de la norma (art. 175), y haciendo
caso omiso a lo expresado por la Constitución, simplemente agregó “vía manu militari”
una prohibición (inhabilitación) electoral.
Pero ese resultado de ninguna forma puede consentir la “consecuencia” no
querida por los constituyentes de que se modifique por una “Resolución Constitucional”
los expresos mandatos de la Carta Magna.
Nos preguntamos ahora, señores Jueces del STJ, si se admite este agregado
prohibitivo electoral en la CRN, sin las formas de reforma ni referéndum, cuál es el límite,
cuándo se termina desconocer la expresa norma constitucional bajo el pretexto de “fines”
no escritos y nefastos para la inteligencia de los convencionales, en qué momento se
dejará de reescribir la Constitución con resoluciones judiciales.
Sin duda alguna, el TEP pretende imponer su opinión/ interpretación/ interés al
de la CRN y así al de todos los Rionegrinos.
¿Es razonable este proceder? ¿es lo querido y permitido por el Constituyente y
la sociedad?
Sobre la omisión completa análisis art. 180 C.P.: La omisión de análisis del art.
180 de la C.P. implica prescindir en el análisis de las circunstancias fácticas del caso en
concreto, cuestión que violenta la doctrina del S.T.J. Debió efectuarse un análisis de las
circunstancias fácticas en su integralidad, cuestión que omitio dicho TEP. Y de allí

analizar el instituto de la acefalia, su incidencia en el art. 175 de la C.P. y los fallos en
concreto (Fellner) (Tribunal Electoral y Corte Suprema de Justicia de la Nación).
III. AGRAVIOS CONCRETOS:
a) Erróneo análisis de interpretación de textos constitucionales.
Apartamiento manifiesto de la jurisprudencia aplicable.
Las normas son palabras. Cuando el juez aplica una norma, lo primero que debe
hacer es leer esas palabras. Una vez que las lee, no puede borrar las palabras; debe
asumirlas y dar cuenta de ellas, por más que no le gusten. El juez no decide las
palabras, las decide quien elabora la norma. El respeto por las palabras que elige el
legislador es la única garantía de la democracia. No hay otra alternativa. Sin la atadura
de la palabra, el Imperio de la Ley es un gigante con pies de barro. Basta el reemplazo
de la norma general en la solución individual para desmantelar la premisa de
despersonalización del poder que da sentido al Estado de Derecho.
De acuerdo a un inveterado criterio jurisprudencial, “la primera fuente de
interpretación de la leyes su letra, sin que sea admisible una inteligencia que
equivalga a prescindir de ella, pues la exégesis de la norma debe practicarse sin
violencia de su texto o de su espíritu”.1

Al momento de ir a esa letra, “las palabras
deben entenderse empleadas en su verdadero sentido, en el que tienen en la vida
diaria”.
2
Dijo el Tribunal, con citas de la CSJN, que “’la primera regla consiste en respetar
la voluntad del legislador’ -para el caso, el constituyente- … habida cuenta y en definitiva,
que ‘la misión de los jueces es dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir al
legislador ni juzgar sobre el mero acierto o conveniencia de las disposiciones adoptadas
por aquél en el ejercicio de facultades propias’” (página 19).

1
CSJN, P.A, 2015, Fallos: 338:488; Pronar S.A, 1998, Fallos: 321:3513; Lodi, 1992, Fallos:
315:1256; Mc Kee y Co. Arg., 1982, Fallos: 304:1795; Mendoza, 2008, Fallos: 331:866; Alfonso
de Duarte, 2003, Fallos: 326:2390; Kreimbohn, 1993, Fallos: 316:2732; La Prensa, 1987, Fallos:
310:1715; Ramos, 1970, Fallos: 278:62; Invernizzi, 2006, Fallos: 329:5210; Defensor del Pueblo
de la Nación, 2005, Fallos: 328:1652; Consultatio S.A, 2005, Fallos: 328:456; Pepsi Cola
Argentina S.A.C.I., 2004, Fallos: 327:5736, Obra Social de la Unión del Personal Civil de la
Nación, 2004, Fallos: 327:2423; Coronel, 1995, Fallos: 318:198; Sosa, 2001, Fallos: 324:2153;
Cantera Pigüé S.A, 2000, Fallos: 323:3215; Verrocchi, 1999, Fallos: 322:1726; Ortiz Almonacid,
1999, Fallos: 322:385; Niella, 1998, Fallos: 321:2010; Rossi Sarubbi, 1998, Fallos: 321:802;
Bolaño, 1995, Fallos: 318:1012; Kasdorf S.A, 1992, Fallos: 315:2999; Subpga SACIE. e I., 1992,
Fallos: 315:942; Frigorífico Rioplatense S.A, 1992, Fallos: 315:929; Parada, 1992, Fallos:
315:727; Mansilla, 1991, Fallos: 314:1849; Reig Vázquez Ger y Asociados, 1991, Fallos: 314:458;
Tomin S.A.I.C.F.I. (en liq.), 1977, Fallos: 299:167.
2
CSJN, fallos cit.

Y siguió diciendo el Tribunal, también con citas de la CSJN, que “ante el empleo
de determinados términos la regla de interpretación más segura es la que asume que
éstos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito” y que “‘las
normas constitucionales deben ser analizadas como un conjunto armónico, en que cada
una ha de interpretarse de acuerdo con el contenido de las demás’” (página 19).
A renglón seguido, agregó el Tribunal que “su interpretación debe tener en
cuenta además de la letra, el dato histórico que permite desentrañar la finalidad
perseguida y la voluntad del constituyente, y debe captar la dinámica cambiante de la
realidad” (páginas 19/20).
Queda claro, para el Tribunal y para esta parte, que la primera regla de
interpretación es la letra de los artículos de la Constitución, dando pleno efecto a sus
normas, sin sustituirlas ni juzgar su acierto o conveniencia, y analizadas como un
conjunto armónico.
Luego, también podrá tenerse en cuenta el dato histórico y la finalidad
perseguida.
Continuó afirmando el Tribunal que la Constitución ha de ser analizada como un
conjunto armónico dentro del cual cada parte ha de interpretarse a la luz de las
disposiciones de todas las demás y que en ese obrar ha de buscarse la finalidad de la
norma, habida cuenta que por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es
propio de la interpretación indagar lo que ellas dicen jurídicamente, es decir, en conexión
con las demás normas que integran el ordenamiento general del país.
Y bajo esa línea de pensamiento los Jueces asumieron “la labor emprendida
encomendada bajo esas pautas o, si se quiere, límites de actuación” (pág. 21).
Se observa en esto último que el Tribunal MUTÓ, CAMBIÓ, ALTERÓ de
forma ARBITRARIA el orden de las reglas antes enunciadas para la interpretación
de la Constitución, inclusive haciéndole decir a la CSJN lo que sus fallos no dicen.
Ello así porque el Máximo Tribunal del País dijo, en Fallos: 302:1461, que las
normas constitucionales no deben ser interpretadas en forma aislada o inconexa, sino
como partes de una estructura sistemática considerada en su totalidad. Y que la
interpretación constitucional ha de tender al desenvolvimiento armonioso de las
autoridades federales y locales, y no al choque y oposición de ellas (Fallos: 307:360 y
374). En cuanto a los principios basales de la interpretación de la ley, extensibles por
cierto a la ley fundamental, uno que la CSJN reiteró en numerosos casos afirma que por
encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la interpretación
indagar lo que ellas dicen jurídicamente; en esta indagación no cabe prescindir de las
palabras de la ley, pero tampoco atenerse rigurosamente a ellas, cuando la

inteligencia razonable y sistemática así lo requiere (Fallos: 303:612, entre otros).
(conforme Dictamen del Procurador en Fallos: 315:2157, que se reitera en Fallos:
321:1124; entre muchos otros).
REITERAMOS: no cabe atenerse rigurosamente a las palabras de la ley
cuando la interpretación razonable y sistemática así lo requiere (Fallos: 241:277). La
hermenéutica de la ley debe integrarse a su espíritu, a sus fines, al conjunto
armónico del ordenamiento jurídico, y a los principios fundamentales del derecho en el
grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo, cuando la
inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de uno de sus
textos conduzca a resultados concretos que no armonicen con los principios
axiológicos, arribe a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del
caso o a consecuencias notoriamente disvaliosas (doctrina de Fallos citados y Fallos:
234:482; 241:277 y 249:37).
Queda así en evidencia que el Tribunal, inició el análisis de la interpretación de
los artículos de la Constitución Provincial alterando de forma arbitraria y contradiciendo
su propia argumentación precedente, pues comenzó -luego de mencionar datos fácticos
del caso y artículos de la CRN- interpretando las normas con “el debate convencional
constituyente” (pág. 25).
b) Erróneo análisis en cuanto a la naturaleza del Poder Ejecutivo.
Pasamos ahora a demostrar los groseros errores de análisis e interpretación del
Tribunal.
Para ello, comenzamos por señalar que NO es cierto, como dice el Tribunal (en
la página 24), que el «Gobernador y Vicegobernador» conforman el Poder Ejecutivo.
Y así lo dijo esta parte en la contestación de las impugnaciones al mencionar y
citar textualmente el art. 170 de la CP.
De allí surge evidente que el Tribunal atribuyó a esta parte afirmaciones que no
son ciertas, tales como desconocer lo anterior porque el Vicegobernador forma parte del
Poder Legislativo (en la página 24).
En el escrito de responde de las impugnaciones sostuvimos: “Adviertan señores
jueces del Tribunal, que la Constitución habla de “Gobernador y Vicegobernador”. Los
diferencia claramente y de ninguna cláusula constitucional surge la supuesta
inescindibilidad de ambos cargos como propone el FPV; tan es así que cada uno de
ellos resulta ser -en ejercicio de sus mandatos- titular de un Poder del Estado
distinto (Ejecutivo y Legislativo respectivamente).”.
Es absurda y arbitraria la “interpretación” de nuestro argumento.

Esta arbitrariedad del Tribunal, una entre muchas, denota una resolución por
demás apartada de la fundamentación razonada y legal que toda resolución judicial debe
tener (conf. art. 200 de la CPRN).
No obstante lo dicho hasta aquí y aún partiendo de la premisa de que el
Gobernador y Vicegobernador son una ‘fórmula’, ello solamente tiene sentido de DESDE
EL PUNTO DE VISTA DEL DERECHO ELECTORAL, no así desde el DERECHO
CONSTITUCIONAL.
Es que, como ya ya lo dijimos en nuestro escrito de responde (punto 8.):
“Cuando la ley electoral en el artículo 125 expresa: “Elección de Gobernador y
Vicegobernador. El Gobernador y el Vicegobernador serán electos por fórmula completa
y a simple pluralidad de sufragios…” lo hace para definir como sistema electoral la
simple pluralidad de sufragios de ambos funcionarios juntos (por fórmula) y ese es el
ámbito de aplicación del artículo 125…”.
Pero, como también dijimos, “Pretender extender el concepto de fórmula por
fuera o en extensión a lo previsto en el artículo 175 y de allí crear un impedimento legal
es violatorio del principio de Legalidad, atento que se estaría creando un supuesto que
no se encuentra contemplado”.
Claramente el TEP ha abordado el análisis legal sin considerar el marco de
excepcionalidad del caso en concreto. Esto es la “Acefalía”.
Es errónea la división realizada por dicho cuerpo, al segmentar en dos el
análisis y abordar los puntos en forma separada. Es que si bien es cierto que en el año
2011 se A.W. fue candidato a Vicegobernador, no es menos cierto que el 1 de diciembre
de 2012 se produce un hecho incuestionable: La muerte de Carlos Soria. Así como las
circunstancias fácticas se suceden con una línea temporal indisoluble, no puede
pensarse en las candidaturas de A.W. en 2011 a Vicegobernador y 2015 a Gobernador,
sin tener en cuenta este hecho excepcional.
Decimos esto en función de dos factores. La excepcionalidad del caso en
concreto, por un lado y la ruptura de la formula electoral originaria en función de esta
circunstancia.
Agregamos que “Ni la constitución ni la ley prevén que participar en una fórmula
distinta lleva consigo la inhabilitación que plantea el art. 175, salvo los supuestos de
nueva postulación consecutiva luego de reelección en el mismo cargo o sucesión
recíproca entre las dos mismas personas integrantes de la formula”.

De lo anterior, y como lo dijimos en el responde de impugnaciones: “Los
impugnantes del F.P.V. sostuvieron: la figura del gobernador y el vicegobernador son
indisociables, pudiéndose afirmar que el vicegobernador es un gobernador ‘en
potencia’.”.
Debemos destacar que el Tribunal Electoral nunca afirmó que la “fórmula”,
“bloque” o binomio sea indisoluble, aunque claramente termina otorgándole ese
alcance.
Este argumento resulta completamente incorrecto. No hay dudas que los cargos
de Gobernador y el Vicegobernador son disociables en el ejercicio de la función, es decir
es todo lo contrario a lo que el F.P.V. sostiene, no solo por las responsabilidades
institucionales que les caben, sino por hasta los requisitos, incompatibilidades e
inhabilidades que tienen para ser elegidos y operan individualmente, “cada uno” debe
acreditar cumplir con sus propias exigencias.
En este sentido, la única prohibición establecida para el binomio del “gobernador
y el vicegobernador” es que si “se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos
para ninguno de ambos cargos sino con un período de intervalo”.
El Tribunal, haciendo caso omiso al argumento anterior, con sustento en la clara
y concreta normativa constitucional, buscó un “espíritu” inexistente de la CPRN y sus
argumentos ni siquiera se sostienen con aisladas y descontextualizadas expresiones de
algunos convencionales constituyentes.
Observase que la constitución del año 1957 sostenía la formula unipersonal del
Poder ejecutivo: “Art. 94.- El Poder Ejecutivo de la provincia será ejercido por un
ciudadano con el título de Gobernador”. Al respecto sostuvo Hugo Raúl Epifanio al
comentar la Sección III, Capítulo I “PODER EJECUTIVO. DEL GOBERNADOR”: “La
Provincia de Río Negro se encuentra en el grupo minoritario de provincias que adoptan
el sistema unipersonal” (Hugo Raúl Epifanio, “LA CONSTITUCIÓN DE RÍO NEGRO.
Anotada”, Editorial Río Negro, Gral. Roca, Julio 1982).-
Como veremos a continuación, la Constitución de 1988 no varió la conformación
de dicho Poder con la incorporación de la figura del Vicegobernador. Solo incluyo su
reemplazante legal (para el supuesto de acefalia), dotándolo de mayor legitimidad al
surgir del voto popular, razón por la cual en definitiva integra la “fórmula”.
En efecto reza actualmente el Artículo 170 (al igual que el otrora art. 94) “El
Poder Ejecutivo de la Provincia es ejercido por un ciudadano con el título de

gobernador. Su reemplazante legal es el vicegobernador, elegido al mismo tiempo y por
igual período.” (El destacado nos pertenece).-
Es decir, del texto del art. 170 se desprende que no fue voluntad del
Constituyente modificar la estructura básica del Poder Ejecutivo. Sigue siendo
unipersonal y ello no se modificó a pesar de la incorporación de la figura del
Vicegobernador.
Aquí también encontramos que el TEP realizo un análisis parcializado, utilizando
frases del Constituyente aisladas, sin analizarlas en contexto, por un lado y sin entender
el espíritu, por el otro.
En estos términos, la interpretación originalista es mucho más cercana a lo que
se conoce como “espíritu de la ley” o “voluntad del Legislador” y sin lugar a dudas,
tratándose de una norma fundamental dentro del sistema normativo este criterio
interpretativo adquiere una mayor relevancia que en materia legislativa.
En concreto, esta regla de interpretación procura responder las siguientes
preguntas: ¿Qué se discutió en el seno de la Convención Reformadora de la
Constitución respecto de la incorporación de la posibilidad de reelección del gobernador
y del vice? ¿Qué se dijo al respecto? ¿qué no se dijo? Asumiendo, en este último
supuesto, que aquellas referencias, excepciones o precisiones que los Convencionales
no discutieron y no incorporaron en el texto de la norma no son indefiniciones u
omisiones sino en rigor cuestiones resueltas por el precepto general.
En este sentido, para abonar la teoría anterior, el TEP lamentablemente analizó
de manera parcializada los debates constituyentes, solo con la finalidad de sustentar -lo
que ya era un pre-concepto- que el Vicegobernador integra el Poder Ejecutivo y sostener
allí que son una “fórmula inescindible”, saliendo del esquema electoralista y extendiendo
en forma irrazonable el alcance al art. 175.
Dijo el TEP: “Es que, sí a estar a las Sesiones de la Convención Constituyente
de la Provincia de Río Negro -diciembre de 1987 a junio de 1988-, en palabras del
convencional informante (Dr. Carosio), «Nuestra Constitución Provincial contenía una
«fórmula unipersonal de Poder Ejecutivo» o «en la Provincia de Río Negro, la fórmula
unipersonal ha significado…» -el resaltado es propio-(ver cytar.com.ar/.. ./RíoNegroCon
veneción Constituyente. pág.403), es ilógico sostener que en ese seno no se haya
concebido la instauración en el ámbito del Poder Ejecutivo de una «fórmula» con dos
componentes -Gobernador y Vicegobernador-, ya que siempre se habló en tal sentido”.

Este enfoque del T.E.P. es sesgado, equivocado y demostrativo de un único
interés por buscar argumentos para inhabilitar al actual Gobernador de la Provincia.-.
Veamos lo que dijo el constituyente en el párrafo completo:
“Nuestra Constitución Provincial contenía una fórmula unipersonal de Poder
Ejecutivo y en varias de sus estipulaciones se tendía a limitar o a disminuir las
facultades del jefe político máximo de este poder. Así contradijo en realidad la corriente
que deviene desde nuestra Constitución Nacional y que fuera receptada en la mayoría
de las Constituciones Provinciales, que estructuraron un Poder Ejecutivo fuerte. Ya
vamos a ver, Sr. Presidente, cuando se llegue en ese caso y en los Dictámenes de
otras Comisiones respecto de la estructura del Estado, los regímenes especiales
de los distintos aspectos de esa organización y de esa economía, cómo, en esta
Convención quedó evidenciada una clara tendencia de rodear al Poder Ejecutivo
de las facultades necesarias para que, siendo elegido, como es el caso, por la
voluntad popular, cuente con todos los atributos para gobernar efectivamente la
Provincia en el período de su mandato.”
Se ve que los jueces del T.E.P omitieron leer la pagina 404 del Diario de
Sesiones la Convención Constituyente en la cual dijeron los Convencionales:
“En este aspecto, la presencia de un funcionario electivo, que reemplace
habitualmente al titular en caso de ausencias esporádicas del mismo en la Provincia y
que también lo reemplace cuando, por alguna de las razones que se enuncian, esa
ausencia o desaparición fuera definitiva, es ahora establecido con la figura del
Vicegobernador, que se crea en función de este Dictamen que formulamos. En esto
hubo coincidencia, Sr. Presidente, de los Partidos Políticos que presentaron sus
Proyectos y es así que resultó muy sencillo darle simplemente formulación a esas
intenciones que venían precisamente de los Proyectos presentados”
Cuando el constituyente habló de fórmula lo hizo en sentido de orden electoral,
es decir haciendo expresa alusión a la posibilidad de que sea el Pueblo quien elija al
Vicegobernador para que este reemplace al Gobernador en casos de ausencia (total o
parcial).-
Es por ello que también el Constituyente sostuvo: “…En la Provincia de Río
Negro, la fórmula unipersonal ha significado, Sr. Presidente, que por imperio de la
vigente Ley de Acefalía, estuviéramos en presencia de una incongruencia republicana,
en cuanto el reemplazante del Gobernador, en ausencia del mismo, no fuera otro

funcionario electivo, sino un Ministro de su propio staff ministerial. Hecho que ha
significado, además de la contradicción republicana en sí misma, no pocas situaciones
contradictorias en cuanto al veto de las leyes emanadas del Poder Legislativo.”
Esto tenía un claro sentido (como dijimos más arriba): Que la ciudadanía a la
hora de elegir al Gobernador, también pueda elegir al Vicegobernador (es por ello que se
eligen al mismo tiempo y por igual periodo en forma conjunta). Es decir, que el potencial
reemplazante del Gobernador provenga del mismo proyecto político, que tengan una
idea en común y, lo que es más importante, que sean elegidos por el voto popular en la
misma compulsa.
Pero no introdujeron el concepto de fórmula los Convencionales en la
Constitución Provincial del 88′, como si lo han hecho la Constitución Nacional (arts. 96 y
siguientes) y otras Constituciones Provinciales.
Téngase en cuenta que hasta ese momento quien reemplazaba al Gobernador
era un miembro de su propio Gabinete (art. 104 para los casos de inhabilidad
temporaria), entonces el interés del Constituyente radicaba en que el reemplazante legal
del Gobernador también sea elegido por el pueblo. Pero este alcance del término formula
(claramente en el orden electoral) no puede llevar a concluir que el Poder Ejecutivo sea
bipersonal o ejercido en forma conjunta por el Gobernador y Vice. Uno es sin el otro.-
Esto además resulta claro cuando el constituyente sostuvo lo siguiente:
“En caso del Dictamen que ponemos a consideración del Cuerpo, después de
afirmar que el Poder Ejecutivo será ejercido por un ciudadano con el título de
Gobernador, se menciona que su reemplazante legal será el Vicegobernador. Por
supuesto, elegido al mismo tiempo y por igual período. Con lo cual queda entronizada en
la Provincia de Río Negro, la figura de tan importante funcionario, con las atribuciones
especiales que vemos que se le dan en el capítulo respectivo, de atribuciones del
Vicegobernador y que adelanto, consisten en la Presidencia de la Legislatura, la función
de nexo entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo y la posibilidad de que intervenga en
las reuniones de gabinete integrando el Dictamen de Decretos que lleven el acuerdo de
Ministros, con su firma, perfila una figura con características bastante más sustantivas
que las que tienen en general las Constituciones Provinciales”.
La discusión del Constituyente pasaba entonces por la posibilidad de que el
reemplazante legal del Gobernador sea elegido también por el pueblo. Pero las

atribuciones, funciones y deberes encomendados son independientes y claramente
diferenciados.
El convencional constituyente resolvió que el Vicegobernador sea el titular del
Poder Legislativo.
Solo basta con leer la hoja siguiente del Diario de Sesiones de la Convención
Constituyente para darse cuenta que el T.E.P. efectuaba una interpretación parcializada y
errónea.
Tampoco el hecho que sea colaborador directo del Gobernador, lo hace formar
parte del Poder Ejecutivo. Sostuvo la Convención Constituyente al respecto:
“— El Vicegobernador estará ampliamente habilitado en cuanto a deberes y
atribuciones puesto que su presencia en la Legislatura hará que tenga un conocimiento
cierto y cabal de los asuntos que están a consideración del Cuerpo. Además, la
condición de colaborador directo del Gobernador le da la posibilidad de que asista a
acuerdos de ministros, y esto implica su presencia en el área Ejecutiva del gobierno,
debido a su colaboración con el titular del mismo3

”. Claro es que el TEP solo ha leído una
pagina de la Convención en forma aislada y no en su integralidad, puesto que lo
expuesto fue dicho en el marco de análisis de las atribuciones del Vicegobernador.
El Convencional Reyes sostuvo en función de lo anterior: “… Por eso, el
radicalismo estima necesario puntualizar algunos aspectos y fundamentos relacionados
con esta figura. Nuestra actual Constitución Provincial tiene dos características bien
definidas en la regulación del Poder Ejecutivo. Por un lado, se encuentra dentro del
grupo minoritario de Provincias que adoptan el sistema unipersonal, es decir, sin
Vicegobernador. En un aspecto que consideramos complementario, presenta una
considerable disminución de las facultades del Poder Ejecutivo en comparación con las
demás Constituciones provinciales argentinas”… En definitiva, en 1957 se sancionó una
Constitución en la que se establece que el Ejecutivo es de carácter unipersonal. Pero en
realidad otra fue la historia. En la historia real de esta joven Provincia de Río Negro el
Ejecutivo fue ampliando progresivamente sus atribuciones, favorecido por las
interrupciones Constitucionales, que siempre ayudaron al impulso de gobiernos
centralistas. Se desvirtuaron las instituciones de la República, pero en especial se anuló
el Poder Legislativo, porque el gobierno de facto creó los Gobernadores y los

3 Convencion constituyente Pag. 449.

Intendentes y también hasta los jueces, pero jamás pudo inventar una representación
popular legítima, con lo cual las Legislaturas desaparecieron“ (págs. 449-450)
“La inclusión del Vicegobernador es uno de los aspectos que creímos necesario
incorporar, sobre todo teniendo en cuenta que en caso de acefalía la Gobernación sería
ocupada por ministros, que no son representantes directos del pueblo.” (pág. 451).
Como demostramos, la discusión de los Constituyentes se basó en estos
puntos:
1) Incorporación del Vicegobernador como figura electa, evitando así que el
reemplazante legal del Gobernador sea un propio Ministro.
2) Mantener la unipersonalidad del Poder Ejecutivo (concepto que venía de
la propia Constitución del año 1957).
3) Otorgar funciones específicas al Vicegobernador, colocándolo como
Titular de uno de los Poderes del Estado.
El TEP ha demostrado actuar con completa parcialidad incluso en la valoración
de la Convención Constituyente.
Como dijimos en la impugnación, la incorporación de la figura del
Vicegobernador surgió en la reforma de 1988. Antes dicha figura no se encontraba
prevista. Con dicha incorporación, se procedió a agregar el texto que incorporó la
“sucesión recíproca”. Una cosa no puede analizarse sin la otra. Esta es una
demostración clara de que dicho término de “sucesión recíproca” fue pensado para la
misma fórmula por parte del Convencional Constituyente.
Así es que en una nota periodística del Rio Negro, se sostuvo lo siguiente:
“Dentro de nuestro bloque llamamos al caso ‘la cláusula Verani’. Se negoció mucho, en
el buen sentido. Verani en ese momento era presidente de la Legislatura y había algo
que lo inquietaba: no era nacido en Argentina y si quedaba todo cerrado a los nativos se
complicaba su carrera. Pero además de eso, siempre estuvo dando vueltas la idea de
que la limitación tenía destinatarios principales: Massaccesi y Verani, que en ese
momento tenían mucho poder. El temor era que quisieran eternizarse y por eso se fijó
ese límite”
4
.

4

https://www.rionegro.com.ar/la-cocina-del-articulo-175-como-surgio-el-texto-que-hoy-
desvela-a-la-politica-rionegrina/

También el constituyente Gustavo Casas, coincidió en este aspecto: “Se charló
mucho lo de la reelección. Massaccesi ya aparecía con mucho poder y Verani comenzó
a pisar. Y el peronismo advertía que había que poner algo para que no rotaran entre
ellos, y tuviéramos Massaccesi y Verani de por vida. Eso se visualizaba”.
Si bien hablamos de dos entrevistas periodísticas, esto refuerza la postura que
sostuvimos en la impugnación y que no fue analizada por el T.E.P.
Es por ello que sostenemos que el análisis por parte del Tribunal en relación a la
Convención Constituyente es parcializado y sesgado, atento a que no tuvieron en cuenta
en análisis completo y la discusiones en particular.
Como si lo anterior fuera poco, sostuvo también el TEP: “Aceptado lo que
antecede y a la luz de los lineamientos de interpretación que hemos venido
desarrollando en la advertencia que se trata de una norma organizativa de uno de los
Poderes del Estado, el Ejecutivo, en cuyo seno se generan a modo de bloque las figuras
de Gobernador y Vicegobernador -dada la similitud de tratamiento puesta en evidencia
precedentemente al analizar el articulado constitucional-, queda claro que un análisis
filológico, o gramatical, de la norma instituida, según el Dictamen 91 de la Convención
Constituyente, a fin de establecer la «…posibilidad de reelección de ambos
funcionarios, del Gobernador y del Vicegobernador… por una sola vez» (Ver Diario
de Sesiones de la Convención Constituyente de la Provincia de Río Negro, del
4/4/88, págs. 14 y 15), debe comprender ambos cargos, como lo que es, una fórmula”.
Tal es el análisis sesgado del TEP y arbitrario que ni siquiera analizo lo que dijo
el Convencional en conjunto, sino que tomo aquí nuevamente una frase y la
descontextualizó.
El Convencional sostuvo en el texto completo lo siguiente: “Este Dictamen, en
general, también tiene como característica nueva, la posibilidad de reelección de ambos
funcionarios, del Gobernador y del Vicegobernador. En esto también partimos de
Proyectos que tenían alguna disimilitud y que fueron seriamente compatibilizados en la
Comisión, hasta llegar a la fórmula del Art. 99°, que admite la reelección por una sola
vez. Con esta fórmula se obtuvo el consenso unánime de la Comisión, Sr. Presidente”.
¿Saben de qué estaba hablando el constituyente en este punto señores
jueces?. De la posibilidad de ser re-elegidos en el mismo cargo. Esto es atento a
que hasta la Constitución de 1988 el Gobernador no podía ser re-electo, sino que

solo tenía un mandato. La novedad es que se agregó la posibilidad de un nuevo
mandato de 4 años y sobre ello hablaba el convencional Carosio.
Recordemos, como expusimos en la impugnación, que la Constitución de 1957
no preveía la re-elección y este fue el punto que se debatió en la Convención
Constituyente.
¿Si todo esto fuera así, entonces porque en vez de decir el “Gobernador y
el Vicegobernador duran cuatro años en sus funciones…” no dice “El Poder
Ejecutivo dura cuatro años en sus funciones”?.
Y en este orden de ideas ¿Porque en vez de decir “El Gobernador y el
Vicegobernador no podrán ser reelegidos…” y no dice “El Poder ejecutivo no podrá
ser reelegido”.

c) Erróneo Análisis del art. 175 desde la Literalidad.
En el agravio que desarrollaremos, debemos mencionar que lo primero que ha
efectuado el T.E.P. es prescindir de circunstancias fácticas en su totalidad, para analizar
el art. 175 de la CP desde lo abstracto y no en un análisis integral, es decir fáctico,
normativo, axiológico.
Dijo el TEP: “Esa inicial circunstancia nos permite estar a la forma de exponer
los hechos por la Alianza impugnada con un resaltado por ella expuesto y por nosotros
convalidado: los Sres. Carlos Soria y Alberto Weretilneck fueron «electos» Gobernador y
Vicegobernador, respectivamente, en el periodo 2011/2015 y, como consecuencia del
fallecimiento del primero, el segundo lo «remplazó» en el cargo de Gobernador en
fecha 01.01.12 hasta el término del mandato del fallecido, en mérito a las normas
relativas a la acefalía. Los Sres. Alberto Weretilneck y Pedro Pesatti fueron «electos»
Gobernador y Vicegobernador, correspondientemente, para el periodo 2015/2019 y, en la
actualidad, el Sr. Weretilneck y la Sra. Arabela Carreras han sido postulados por la
agrupación «Juntos Somos Río Negro» para los aludidos cargos -Gobernador y
Vicegobernador ”.
Debemos partir el presente agravio señalando que el TEP si bien marca los
hechos en su integralidad, a la hora del análisis lo que hace es prescindir de la porción
fáctica “como consecuencia del fallecimiento del primero, el segundo lo «remplazó»
en el cargo de Gobernador en fecha 01.01.12 hasta el término del mandato del
fallecido, en mérito a las normas relativas a la acefalía”. Esto no es un dato menor.
Tiene dicho el S.T.J: “Es condición de validez de las sentencias judiciales que
ellas sean fundadas y que constituyan, por tanto, derivación razonada del derecho
aplicable, con referencia a los hechos comprobados de la causa, exigencia que no
cumple el fallo impugnado en cuanto se apoya en una afirmación dogmática para

resolver un punto controvertido de derecho, sin analizar las circunstancias concretas
del caso y las específicas de la legislación aplicables ni las argumentaciones de los
afectados por las medidas impugnadas (LL.1980-A, 641 [35.410-S]). STJRN SEC4 Se.
1/2010 «KÜHN».
Es decir, no puede analizarse un caso prescindiendo de los hechos y
circunstancias especiales que lo rodean. Esto hizo el TEP, extirpó esta parte. Esto no es
un dato menor, la fórmula que compitió electoralmente en las elecciones del 2011, para
acceder a los cargos de Gobernador y Vicegobernador (distintos cargos), no volvió a ser
la misma (para ser re-elegida o sucederse recíprocamente) en el 2015 por una
excepcionalidad. La muerte de Carlos Soria.
Dijo la Cámara: “debe atenderse que mediante los arts. 174 y 175, la
Constitución Provincial regla la duración del mandato -en cuatro años- de los integrantes
de la fórmula Gobernador – Vicegobernador y la posibilidad de su reelección o la
recíproca sucesión de sus integrantes por un nuevo periodo y por una sola vez. Ello, al
amparo del sistema republicano y democrático de gobierno” (página 26).
Luego dice el Tribunal que la ubicación normativa de esas disposiciones,
colocadas frente a frente, democracia -como expresión de la voluntad del pueblo-, y
república -que erige como principio la periodicidad de las funciones-, reconocen la
existencia de límites que no se deben traspasar.
Ahora bien, esta postura no encuentra sustento jurídico ni doctrinario, en tanto el

principio republicano de periodicidad de los mandatos, exige -valga la redundancia-
elecciones periódicas (PRINCIPIO DE PERIODICIDAD = ELECCIONES PERIÓDICAS).-

Agrega asombrosamente luego el TEP que por el principio republicano
adoptado en Río Negro la REGLA de duración del mandato se ha fijado en 4 años (art.
174) y por EXCEPCIÓN se permite una reelección o sucesión recíproca por un nuevo
periodo y por una sola vez (art. 175), siendo de interpretación restrictiva.
Debemos decir aquí que a juicio de los suscriptos y de la doctrina más relevante
en materia de Derecho Constitucional el principio de periodicidad en los cargos electivos
fundamental expresión del sistema republicano de gobierno NO ADMITE
EXCEPCIONES DE NINGÚN TIPO. Claramente confunden la periodicidad con la
alternancia en el poder que no pasa de ser un valor que puede nutrir al principio.-
En cuanto a mandatos consecutivos se refiere, acá omitió Tribunal valorar
lo relacionado al período de ejercicio del cargo por reemplazo que permite la
situación (otra diferente excepción, si se quiere) prevista en el art. 180 inc. 2 y la
consecuente nueva postulación. También le faltó un análisis del sistema
republicano. Mas adelante volvemos sobre estos puntos.
Dice el Tribunal que en la literalidad de la norma en cuestión quedarían
contemplados los tres supuestos que mencionó esta parte y que “para las alianzas
impugnantes basta también que quien resulte electo Vicegobernador haya sido luego -y
por otro periodo- electo como gobernador”.
Sigue diciendo (página 28): “Ahora, en la tarea de interpretar una norma
cuando, como en el caso, se declama la necesidad de una interpretación razonable y
sistemática, so riesgo de restar razón de ser a un precepto constitucional determinado o
inclusive autorizar una contradicción lógico-jurídica entre sus postulados (ve fs. 43 vlta.,
1er párrafo) o cuando el propio Ministerio Público Fiscal, en su rol de garante del
cumplimiento de las leyes, gesta su solución en base a la duda … no cabe sino indagar
que quiso decir el constituyente, a los efectos de extraer así su voluntad y, por ende, la

finalidad con que las misma fue introducida en el texto constitucional…”.
En estas afirmaciones afincó buscar el “espíritu” de la CPRN, apartándose
arbitrariamente de las reglas de interpretación que el mismo Tribunal antes señaló,
desatendiendo de forma grosera las expresas y concordantes prescripciones de la Carta
Magna Provincial.
En la reseña de la resolución se dice: “La Alianza objetora de la postulación
examina el significado del adverbio “recíprocamente” y acota que “su uso en derecho no
requiere que se produzca un intercambio de funciones,…, necesariamente”, toda vez que
el legislador lo emplea “simplemente… para describir obligaciones o deberes para la
totalidad de las partes de un conjunto”. De allí que, a su mérito, “la frase “sucederse
recíprocamente” ha sido utilizada por el constituyente en sentido de incluir en la
restricción tanto al supuesto gobernador que luego asume como vicegobernador, como
al vicegobernador que asume como gobernador. En el camino impugnatorio trazado,
esgrime que de seguirse la interpretación mantenida por la Alianza “Juntos Somos Río
Negro” se abonaría una contradicción lógico-jurídica entre la primera y la segunda
hipótesis planteada por la norma constitucional. Ya que, importaría tanto como sostener
que una establece la prohibición de reelección por más de una vez y, la restante,
habilitaría la reelección indefinida.”
NI EL TRIBUNAL NI EL IMPUGNANTE EXPLICAN CÓMO OCURRE LA
RECIPROCIDAD EN LA SUCESIÓN DEL VICEGOBERNADOR QUE REEMPLAZA AL
GOBERNADOR. TAMPOCO CÓMO SERÍA LA DEL VICEGOBERNADOR QUE ES
ELECTO GOBERNADOR CON DIFERENTE FÓRMULA.
LA ABSURDIDAD ADMITIDA POR EL TRIBUNAL AMERITA QUE CITE EL
TEXTO DE LA IMPUGNACIÓN:
Dijo el impugnante FPV: “El adverbio recíprocamente significa, según la
RAE, “de uno hacia otro y a la inversa”. El uso en derecho de tal adverbio, no
requiere que se produzca un intercambio de funciones: es decir que A pase al
lugar de B, y B al lugar de A, necesariamente”. Llamativamente tomó el TEP los
argumentos que avalaban la proscripción y no observo estos argumentos.
Señores Jueces, el mismo impugnante reconoció que recíprocamente significa
“de uno hacia otro y a la inversa”.
REITERAMOS: “y”, conjunción copulativa que tiene la función de establecer una
conexión entre las frases; con lo cual la palabra recíproco significa el cumplimiento de los
dos supuestos; dicho de otra forma, entrecruzamiento (uno va y el otro viene).
Ante tamaña afirmación, CÓMO PUEDE SOSTENERSE LO
DIAMETRALMENTE OPUESTO, ESTO ES, “no requiere que se produzca un
intercambio de funciones: es decir que A pase al lugar de B, y B al lugar de A,
necesariamente”.
La autocontradicción es palmaria y manifiesta y denota un apartamiento grosero
de la disposición constitucional.
Si A pasa al lugar de B, dónde queda la reciprocidad si B no pasa al lugar de A.
Reciprocidad significa que se cumpla entre dos !!!
Se pretende soslayar el significado de recíproco con “no necesariamente”, algo
totalmente absurdo y desconectado del significado normal, común, habitual y hasta el
que le otorga la Real Academia Española.
Es tan absurda la afirmación del impugnante, como así también la aceptación
del Tribunal, que esta sola situación es motivo suficiente para descalificar la resolución

apelada.
En definitiva, el análisis literal del término recíproco utilizado en el art. 175 de la
CP necesariamente significa lo que todos sabemos: “igual en la correspondencia de uno
a otro” (www.rae.es).
Queda así el segundo párrafo del art. 175 como una suerte de cláusula gatillo.
Detonada la limitación (una de las dos hipótesis previstas en la primera parte del artículo)
se desencadena el efecto: el impedimento de la candidatura para el cargo hasta pasado
el intervalo de un periodo.
Adviertan señores jueces del STJ, que la Constitución habla de “Gobernador y
Vicegobernador”. Los diferencia claramente y de ninguna cláusula constitucional surge la
supuesta inescindibilidad de ambos cargos como propone el FPV; tan es así que el
Tribunal Electoral soslayó esa afirmación diciendo que forman parte del Poder Ejecutivo,
en una suerte de receptar esa afirmación del FPV y tergiversar nuestra afirmación de
que “cada uno de ellos resulta ser -en ejercicio de sus mandatos- titular de un Poder del
Estado distinto (Ejecutivo y Legislativo respectivamente)”.
De esta manera no hay reelección si antes no fue elegido en el mismo cargo
(sea Gobernador o Vice).
No hay sucesión recíproca entre el Gobernador y Vicegobernador si las mismas
personas no hacen entrecruzamiento de esos cargos. Es decir, se requiere que quien fue
Gobernador pase a Vice y viceversa.
La Constitución no expresa ni de ella se infiere que la expresión reelección sea
respecto de cualquiera de ambos cargos, sino todo lo contrario, es muy clara en cuanto
regula el permiso de reelección y prohibición de re-reelección consecutivas en el mismo
cargo de gobernador o de vicegobernador.
Tampoco se cumplió el supuesto de la “reciprocidad” previsto por la norma
constitucional.
Sin más, debe tenerse en cuenta como sostuvimos, que la incorporación
de la figura del Vicegobernador, llevó a los constituyentes a la incorporación del
término “Sucesión recíproca”. Si el “espíritu del Convencional” hubiera sido el que
el TEP menciona, entonces sin dudas que el termino sucesión reciproca no lo
habría introducido, no hubiera sido necesario. Sobre esto nada ha dicho el TEP, en
una clara omisión a deliberada. Esto no hace mas que confirmar la “Arbitrariedad”
que exponemos.
Las normas y los términos allí utilizados jamás son superfluos. Si el
razonamiento del TEP fuera cierto, la prohibición de la “sucesión recíproca” sería
enteramente redundante y carente de sentido.
Otro inveterado estándar de nuestro derecho indica que las normas “deben
interpretarse conforme el sentido propio de las palabras, computando que los términos
utilizados no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito”.5
5
CSJN, P.A, 2015, Fallos: 338:488; Pronar S.A, 1998, Fallos: 321:3513; Lodi, 1992, Fallos:
315:1256; Mc Kee y Co. Arg., 1982, Fallos: 304:1795; Mendoza, 2008, Fallos: 331:866; Alfonso
de Duarte, 2003, Fallos: 326:2390; Kreimbohn, 1993, Fallos: 316:2732; La Prensa, 1987, Fallos:
310:1715; Ramos, 1970, Fallos: 278:62; Invernizzi, 2006, Fallos: 329:5210; Defensor del Pueblo
de la Nación, 2005, Fallos: 328:1652; Consultatio S.A, 2005, Fallos: 328:456; Pepsi Cola
Argentina S.A.C.I., 2004, Fallos: 327:5736, Obra Social de la Unión del Personal Civil de la
Nación, 2004, Fallos: 327:2423; Coronel, 1995, Fallos: 318:198; Sosa, 2001, Fallos: 324:2153;
Cantera Pigüé S.A, 2000, Fallos: 323:3215; Verrocchi, 1999, Fallos: 322:1726; Ortiz Almonacid,
1999, Fallos: 322:385; Niella, 1998, Fallos: 321:2010; Rossi Sarubbi, 1998, Fallos: 321:802;

Así, “La inconsecuencia o falta de previsión del legislador no se suponen, por lo
cual las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras,
computando que los términos empleados no son superfluos, sino que han sido
empleados con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los conceptos”.6
De manera que “Las leyes siempre deben interpretarse evitando darles un
sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y
adoptando como verdadero el que las concilia y deja a todas con valor y efecto, por
cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del
legislador cuidando de no alterar, y de buscar en definitiva por vía de la interpretación, el
equilibrio del conjunto del sistema”.7
Al interpretar el art. 175 de la Constitución, el TEP incumple estas acendradas
directivas, pues nos obliga a concluir que el segundo supuesto previsto en la norma –
prohibición de más de una sucesión recíproca- fija una regla enteramente redundante,
que solo reitera lo que establece el primer supuesto –prohibición de más de una
reelección-.
La regla hermenéutica de “no redundancia” –que los criterios de la Corte
no hacen más que receptar- prescribe que cada disposición normativa debe tener
una incidencia autónoma, un particular significado, y no constituir una mera
repetición de lo establecido por otras disposiciones normativas.
De acuerdo a ese principio, si la primera hipótesis (reelección)
comprendiera a un nuevo mandato en cualquier cargo (y no en el mismo que se
ejerce), entonces la prohibición de sucesión recíproca sería enteramente
superflua, pues esa sucesión ya estaría comprendida en el supuesto de reelección.
Por otra parte, necesariamente debemos reiterar lo dicho oportunamente en el
responde en cuanto a que ambos impugnantes atribuyen a esta parte que con el manejo
de la fórmula, puede sostenerse en el cargo de GOBERNADOR y VICE de manera
perpetua por candidatura testimonial.
Esto es absurdo.

Bolaño, 1995, Fallos: 318:1012; Kasdorf S.A, 1992, Fallos: 315:2999; Subpga SACIE. e I., 1992,
Fallos: 315:942; Frigorífico Rioplatense S.A, 1992, Fallos: 315:929; Parada, 1992, Fallos:
315:727; Mansilla, 1991, Fallos: 314:1849; Reig Vázquez Ger y Asociados, 1991, Fallos: 314:458;
Tomin S.A.I.C.F.I. (en liq.), 1977, Fallos: 299:167.
6
CSJN, Kreimbohn, 1993, Fallos: 316:2732.
7
CSJN, Buenos Aires, 2008, Fallos: 331:1234.

En el caso concreto, porque la candidatura de Alberto Weretilneck es para el
cargo de Gobernador, con lo cual este argumento es abstracto. De resultar electo
en la compulsa del 7 de Abril, el nombrado no puede ser candidato para ninguno
de ambos cargos en el año 2023.
No obstante ello, lo que hizo la Agrupación impugnante y fuera receptado por el
TEP es analizar la clausula en juego desde una utilización absurda o abusiva, lo cual es
irracional y no es una forma adecuada de interpretar el texto constitucional. Si un
candidato quisiera usar este mecanismo de candidaturas a Gobernador o Vice
testimoniales, entonces se tipificaría uno de los supuestos de fraude electoral, atento la
inducción al error a la cual se sometería al elector, burlando así la voluntad popular.
La debilidad de la que adolece esa propuesta hermenéutica reside en que
jamás las normas pueden ser interpretadas desde la anomalía o desde el abuso. Si
pudiéramos apartarnos de lo que predican los textos legales invocando el riesgo de
maniobras fraudulentas, ninguna norma quedaría en pie. Ver el Diccionario electoral del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) que citamos en nuestro responde.
Reitero que la CPRN impide el ejercicio indefinido del Poder Ejecutivo
asegurando la alternancia de personas en el cargo de Gobernador. Tanto así que permite
la reelección, y después nueva elección con un período de intervalo, por lo tanto quien
fue electo puede volver a serlo en tanto no implique ejercicio del poder ejecutivo de
forma indefinida.
Aún en hipótesis, y en una suerte de supuesto de laboratorio en razón de que la
realidad histórico política hace inconducente la posibilidad, dable es señalar que la
alternancia de una misma persona entre los cargos de Gobernador y Vicegobernador
integrando diferentes fórmulas no está prohibida por la CPRN en razón de que no
mantendría el poder en forma ininterrumpida. No hay «espíritu» que se oponga porque
nada dijeron los convencionales sobre eso. Y mucho menos partiendo de una situación
particularmente excepcional como la del sub examine.-
Además, tachar tal posibilidad de alternancia es un absurdo puesto que en
similar tren de hipótesis, también podría decirse que la posibilidad de ser nuevamente
elegido luego de un período de intervalo es inconstitucional o no querido por el
constituyente en razón de que la misma persona volvería a detentar el poder ejecutivo.
En cuanto al análisis sistemático o integral de “sucederse recíprocamente”, es
un permiso para postularse una sola vez con entrecruzamiento de cargos, y atiende a

evitar que esas mismas personas puedan mantener el poder por mas de ocho años,
pues ante la posibilidad de continuar juntos se podría sospechar que entre esas
personas podría haber un acuerdo en el ejercicio del poder; por lo cual después de ocho
años se requiere alternancia con otras personas.
Con lo dicho se demuestra la inmotivación del Tribunal cuando sostiene que se
puede “restar razón de ser a un precepto constitucional” o “autorizar una contradicción
lógico-jurídica entre sus postulados”.
Al quedar demostrada la inexistencia e inmotivación de los presupuestos
jurídicos a partir de los cuales resolvió la Cámara, queda en evidencia la
arbitrariedad y absurdidad de lo decidido.
Obsérvese que en la página 28 el Tribunal dice “Aceptado lo que antecede y a
la luz de los lineamientos de interpretación que hemos venido desarrollando…”, y
continúa sus argumentos en base a las arbitrarias e insostenibles premisas. Por eso es
que todo lo que sigue en la resolución carece de sustento pues se basa en afirmaciones
que se apartan de las previsiones Constitucionales.
Esta situación es determinante para hacer lugar a esta apelación y resolver
conforme nuestra petición.
Pero, sin perjuicio de lo anterior, a los fines de la suficiencia del recurso,
demuestro la arbitrariedad de las afirmaciones siguientes del Tribunal.
Dice: “el Ejecutivo, en cuyo seno se generan a modo de bloque las figuras de
Gobernador y Vicegobernador …a fin de establecer la ‘…posibilidad de reelección de
ambos funcionarios, del Gobernador y del Vicegobernador.., por una sola vez’…, debe
comprender ambos cargos, como lo que es, una fórmula” (página 28).
Adviértase el absoluto apartamiento o desconocimiento del texto
Constitucional. Si esa afirmación basada en el “espíritu” que dijo encontrar el
Tribunal fuera cierta, sólo sería posible la reelección del Gobernador cuando
integre la “fórmula” con el mismo Vicegobernador (igual persona). E incluso,
cuando uno de los integrantes de la formula fuera inhabilitado por la justicia, entonces el
otro integrante también se caería. Si uno de los dos fuera destituido, entonces el otro
correría la misma suerte.
Todo ello sería una barbaridad jurídica (arbitrariedad).

Es que una afirmación con tal alcance implica desconocer el sentido común y
jurídico de los términos “electo” y “reelecto” que contiene el artículo 175. No puede
admitirse tal dislate.
Es claro el artículo, cuando habla de reelección alude al mismo cargo para el
que antes fue elegido.
Además, si así no fuera y como dijimos más arriba, carecería de relevancia
jurídica la previsión constitucional de “o sucederse recíprocamente” puesto que sería
redundante al considerarla comprendida en la reelección por cualquier cargo anterior.
Es decir, no tiene sentido literal ni jurídico la pretendida hipótesis de que el
supuesto de “sucesión recíproca” (del art. 175) alude a “reelección” porque lo deja vacío
de contenido. Es que esa pretendida interpretación conlleva (i) conceptualizar el término
“reelección” como la persona que es “elegida otra vez” en cualquiera de ambos cargos,
(ii) y en consecuencia, el segundo supuesto de “sucesión recíproca” (entendido como
“reelección”) ya estaría previsto en el primer supuesto de “reelección”; (iii) con lo cual la
pretendida hipótesis realiza una derogación/supresión de una determinada situación
prevista en la Constitución Provincial.
Adviértase también que la expresión “o sucederse recíprocamente” contiene la
conjunción disyuntiva “o” que une dos supuestos excluyentes donde la interpretación del
Tribunal suprime uno arbitrariamente.
Es claro el artículo 175 cuando repite dos diferentes supuestos con las
expresiones “reelectos” y “sucedido recíprocamente”. Por eso es que puede estar
en una situación “o” en la otra, no en ambas a la vez.
Entonces, esa prohibición (para ser elegido luego de haberlo sido con sucesión
recíproca de los cargos) tiene su razón jurídica en que la prohibición “han sido reelectos”
es para el mismo cargo para el que antes fue elegido.
Luego dice el Tribunal: “De modo que no puede compartirse una solución
contraria a los fines para los que la norma fue instituida por el Constituyente, permitiendo
que quien fue Vicegobernador y luego Gobernador, integrando diferentes fórmulas
electorales, no se encuentre comprendido en la inhabilidad legalmente impuesta”
(páginas 28/29).
Continúa diciendo el Tribunal: “realizado el análisis de la consideración de sus
consecuencias] se verifica la necesidad de aventar la solución que propicia la ‘Alianza

Juntos Somos Río Negro’, al esgrimir que ‘el caso de Alberto Weretilneck claramente no
encuadra en ninguna de las situaciones limitativas previstas por la norma actual’, por
cuanto su ilogicidad resulta palmaria. Ello, en tanto permite avalar que quien ha sido
elegido primero Vicegobernador y luego Gobernador, se encuentre habilitado y, por
ende, en mejor condición, que aquel que hubiera sido reelecto consecutivamente en la
figura de Vicegobernador” (página 29).
Y ciertamente no se comparte el anterior argumento, y de allí que la solución
contraria sea perfectamente legal/constitucional, porque está permitida.
No es una cuestión de duda, descarte, sin razón u olvidos de las normas
constitucionales.
La CRN prohíbe la reelección indefinida, la re-reelección en el mismo cargo y la
elección (en el otro cargo) o reelección (en el mismo cargo) luego de sucesión recíproca.
Todo, a los fines de evitar el ejercicio del Poder (cargo de gobernador) por más de ocho
años (sin perjuicio del permiso por hasta cuatro años más como lo que diremos más
adelante en la interpretación integral de los arts. 175 y 180).
En definitiva, no se entiende y el Tribunal no explica cuál es la ilogicidad
“palmaria”.
La ilogicidad del Tribunal es buscar un espíritu para desconocer el texto
constitucional que avala que quien ha sido elegido primero Vicegobernador y
luego Gobernador integrando otra fórmula, se encuentre habilitado para su
reelección, teniendo en cuenta esta situación de acefalía que dan al caso presente
una situación excepcional.
La Constitución preserva la alternancia en ambos cargos, de gobernador y de
vice. Por lo tanto, cuando exista alternancia en los cargos con fórmulas diferentes no
existe ejercicio del cargo de forma ininterrumpida en la cabeza de alguno de los poderes
del Estado ni sospecha de acuerdo entre las mismas personas en el poder. Por eso
quien fue reelecto de forma consecutiva vicegobernador debe esperar un mandato de
intervalo. Insistimos con nuestra hipótesis, los casos se analizan en función de los
hechos. Aquí no se deslinda ningún interés en A.W. en perpetuarse en el poder.
Aquí se dio una situación excepcional que rompió con la fórmula del 2011. Esta es
la distinción del caso.

Dice el Tribunal: “Si no se inhabilitara la candidatura del Sr. Alberto Weretilneck,
por estar incurso el mismo en un supuesto de ilegibilidad, cuan prohibición legal para ser
elegido, se estaría autorizando desde la judicatura a quebrantar la razonabilidad de la
norma y, con ello, la finalidad de ésta, en tanto posibilitaría acceder a un tercer mandato
a quien ostenta más antecedentes en la línea gubernamental que un Vicegobernador,
por haber sido elegido Vicegobernador y Gobernador sucesivamente y de modo
continuo” (página 29).
La razonabilidad y la finalidad de la norma están quebrantadas con la
interpretación que hizo el Tribunal, como antes señalamos.
De allí que es errónea la conclusión de que “posibilitaría acceder a un tercer
mandato” con sustento en el art. 175 de la CP, pues esa posibilidad esta prevista por la
CRN ante el supuesto extraordinario de acefalía (art. 180 inc. 2) en función del art. 175.
Lo que en definitiva hizo el TEP en su resolución es crear norma y resulta
ilustrativo el siguiente cuadro comparativo:

Constitución Provincial Norma TEP
GOBERNADOR Y
VICEGOBERNADOR

Artículo 170.- El Poder Ejecutivo
de la Provincia es ejercido por un
ciudadano con el título de gobernador. Su
reemplazante legal es el vicegobernador,
elegido al mismo tiempo y por igual
período.

PODER EJECUTIVO BICÉFALO

Artículo 170.- El Poder Ejecutivo
de la Provincia es ejercido por dos
ciudadanos con el título de gobernador y
vicegobernador, elegidos al mismo tiempo
y por igual período. El segundo
reemplaza al primero, pero el primero no
reemplaza al segundo.

REELECCION

Artículo 175.- El gobernador y el
vicegobernador pueden ser reelectos o

TERCER MANDATO DE
CUALQUIER MIEMBRO DEL PODER
EJECUTIVO BICÉFALO

Artículo 175.- Los miembros del
Poder Ejecutivo pueden ser reelectos en

sucederse recíprocamente por un nuevo
período y por una sola vez.
Si han sido reelectos o se han
sucedido recíprocamente, no pueden ser
elegidos para ninguno de ambos cargos
sino con un período de intervalo.

sus respectivas funciones por un nuevo
período y por una sola vez. Asimismo,
pueden ser electos en la otra función por
otro período y por una sola vez.
Si cualquiera de los miembros
del Poder Ejecutivo ha sido reelecto en su
función o electo en la otra, no puede ser
elegido para ninguno de ambas funciones
sino con un período de intervalo.

Como toda opinión, la propuesta del TEP es digna de respeto, innovadora, y
hasta podría ser evaluada en una futura reforma, pero no es lo que dice la Constitución.
Los jueces no pueden hacer una Constitución a la medida de sus preferencias
personales. La única forma de evitar tal efecto es ceñirse al texto de la norma.
Por último y como si todo lo anterior fuera poco, encontramos un dictamen de
los Convencionales Juan Agustin Arturo, Nestor Belmonte y Graciela Campano, los
cuales proponían la siguiente redacción para el que luego fue el art. 175 de la CPRN:
“El Gobernador y Vicegobernador duran en su mandato cuatro años y pueden
ser re-elegidos consecutivamente una sola vez. El mismo día en que expira el plazo de
su mandato cesan en sus cargos, sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda
ser motivo de que se les complete más tarde. El Gobernador y Vicegobernador reelectos
no pueden postularse para el periodo siguientes como miembros del Poder Ejecutivo”.
Este dictamen que no fue aprobado, lo cual termina abonando la tesis que
venimos sosteniendo.
Solo se mencionaba el supuesto “reelección”, no incorporando el término
sucesión recíproca. Esto quiere decir que dicho concepto (sucesión reciproca) tuvo un
sentido inequívoco.
Además incorpora el termino Poder Ejecutivo, entonces este texto si pensaba en
completarlo con los dos funcionarios. Intencionalmente los Convencionales mencionaron

al Gobernador y Vicegobernador (en forma separada) en lugar de aludir al Poder
Ejecutivo.
e) Omisión de análisis de precedente aplicable.
A esta altura, es de insoslayable re-edición, porque el Tribunal Electoral lo
desechó de forma arbitraria, la situación que aconteció en la Provincia de Jujuy. En el
año 1998 el señor Eduardo Fellner, por decisión de la Legislatura provincial, reemplazó
al Gobernador -por el fallecimiento de éste y renuncia del Vicegobernador- hasta el final
del mandato (10/12/1999), y luego fue electo (período 1999-2003) y reelecto (período
2003-2007) Gobernador, habiendo ejercido el cargo durante diez años ininterrumpidos.
En aquella oportunidad el Tribunal electoral sostuvo argumentos que sustentan
nuestra postura: “Asimismo, se torna necesario remarcar que el primero de los períodos
durante el cual se desempeñara como gobernador el ciudadano Fellner, no lo fue por un
lapso de cuatro años, como lo impone la Constitución Provincial, sino por uno menor de
dos años a efectos de completar el período de los mandatarios que le precedieran, por
acefalía del cargo, habiendo fallecido el Gobernador y renunciado el Vicegobernador, ya
en ejercicio de la Gobernación. Entonces, cabe concluir que en esa primera oportunidad
el ciudadano Eduardo Alfredo Fellner no accedió al Poder Ejecutivo como derivación de
una elección popular sino conforme lo dispuesto por la Asamblea Legislativa llamada a
decidir al respecto. Distinto es el caso del segundo de los períodos, en el que el Dr.
Fellner obtuvo su designación como Gobernador merced al voto popular y que debe
computarse, a los fines de lo previsto por el art. 127 de nuestra Carta Magna, como
primer mandato, no siendo posible una lectura distinta, máxime si se tiene en cuenta el
carácter reeleccionista de la Constitución, como lo demostraremos más adelante.
“Es que, como lo afirma la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en materia
de interpretación de normas legales, “Es regla de interpretación de las leyes dar pleno
efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera
que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de
la Constitución Nacional…” (CSJN, junio 16 de 1994, LL, 1995 – B, 380)”

f) Utilizacion arbitraria del dictamen del Procurador en fallo Mendioroz del
S.T.J.

En un intento de dar mayor fortaleza a su controvertida Resolución, el TEP cita
lo dictaminado por el ex Procurador General en el año 2001, que no era vinculante en
aquella causa y mucho menos para la presente, pero nada dijo el Tribunal sobre cómo
resolvió allí el STJRN.
Tal es la arbitrariedad del Tribunal Electoral que utilizan el dictamen del
Procurador en dicho caso (no vinculante) y nada dicen (ni siquiera para refutarlo) acerca
del dictamen del fiscal electoral evacuado para las presentes actuaciones. Esto es una
muestra mas de lo arbitrario y parcial del fallo.

g) Cita inadecuada de doctrina referida a la Constitución Nacional:
En cuanto a la cita del autor Quiroga Lavié, es inaplicable al caso porque la
similitud de un artículo entre las constituciones provincial y nacional de ninguna forma
permite trasladar inmotivadamente un razonamiento que desatienda la interpretación
integral de la CPRN que, analizada de tal forma, difiere para el caso de la CN. Asimismo,
no utilizan el articulo del Sr. Tenaglia citado por esta agrupación que contenía el caso
“Sola”. Esto demuestra la arbitrariedad y parcialidad.

h) Errónea valoración del plazo legal.
El Tribunal Electoral y los impugnantes consideran que la Constitución Provincial
sólo prevé ocho años consecutivos como máximo para el “ejercicio” del cargo de
gobernador; y ello es correcto, sólo cuando el gobernador ha sido “reelecto” (como antes
dije: es ser elegido otra vez en el mismo cargo).
Pero lo que el Tribunal Electoral y los impugnantes soslayan bajo argumentos
arbitrarios e interpretaciones forzadas con “espíritu” mediante, es que la Constitución
también prevé la posibilidad de hasta doce años consecutivos como máximo para el
“ejercicio” del cargo de gobernador cuando de forma excepcional el vicegobernador lo
“reemplaza” en caso de fallecimiento, antes o después de su asunción (artículo 180
inciso 2).
Similar situación se presenta en el artículo 180 inciso 5, puesto que el legislador
que “ejerza” el cargo de gobernador por “menos de dos años para completar el período”,
luego podrá ser “elegido” y “reelegido” gobernador de forma consecutiva.

Esto es lo que ocurrió en la provincia de Santa Cruz, cuando en mayo del año
2007 el señor Daniel Peralta, Vicepresidente Primero de la Cámara de Diputados de esa

provincia, reemplazó al Gobernador -por las renuncias de éste y el Vicegobernador-
hasta el final del mandato (10/12/2007), y luego fue electo (período 2007-2011) y reelecto

(período 2011-2015) Gobernador, habiendo ejercido el cargo por casi nueve años
ininterrumpidos.
También similar situación aconteció –como antes señalamos- en la provincia de
Jujuy. En el año 1998 el señor Eduardo Fellner, por decisión de la Legislatura provincial,

reemplazó al Gobernador -por el fallecimiento de éste y renuncia del Vicegobernador-
hasta el final del mandato (10/12/1999), y luego fue electo (período 1999-2003) y

reelecto (período 2003-2007) Gobernador, habiendo ejercido el cargo durante diez años
ininterrumpidos.
Dable es destacar que al citado fallo del Tribunal Electoral de esa
provincia, le siguió oportunamente el Dictamen de la Procuradora General, al cual
se remitió la CSJN (Fallos: 326:3448, de fecha 12/09/2003), donde dice que el
“partido provincial ‘Libertad y Democracia Responsable’, por medio de sus
apoderados generales, promueve acción declarativa de certeza, en los términos
del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia
de Jujuy, a fin de que se dilucide si el art. 127 de la Constitución de aquel Estado
habilita al ciudadano Eduardo Alfredo Fellner, actual gobernador provincial, a
postularse como candidato para un nuevo período consecutivo [… El] precepto
constitucional cuyo discernimiento solicita al Tribunal, señala que limita a dos
mandatos no consecutivos el ejercicio por una misma persona de la titularidad del
Poder Ejecutivo provincial, ya que, en primer lugar, prescribe la posibilidad de una
reelección y luego impide que ella se produzca en forma sucesiva, tal como se
desprende de la clara lectura de su texto […]
“[… Agrega el presentante que nada dice sobre la duración de cada
período para los casos en que una misma persona hubiese desempeñado dos
mandatos de manera continua, como sucede con el actual Gobernador, que
primero fue designado para cubrir una acefalía y después electo por voluntad
popular. No obstante, aun cuando se considerase, por vía de hipótesis, que está
habilitada una sola reelección consecutiva, igualmente ello será imposible para el
mandatario en ejercicio, porque ya ocupó el cargo durante dos períodos, de tal
manera que el Dr. Fellner sólo podrá ser reelecto para un tercer mandato luego de

haber transcurrido el intervalo de cuatro años que prevé el art. 127 de la
Constitución Provincial, porque así se cumple con la intención de los
convencionales provinciales de 1986 de asegurar la periodicidad de los mandatos
y la alternancia en los cargos. […]
“Sentado lo anterior, en mi concepto, el sub lite no corresponde a la
competencia originaria de la Corte, prevista por los preceptos constitucionales
mencionados, en tanto el tema que se somete a su consideración integra el
derecho público local, que, por el respeto de las autonomías provinciales, requiere
que su conocimiento y decisión se reserve a los jueces locales”.
Y esa solución debe ser concordada con el precedente dictado por la CSJN en
fecha 16/11/2004 en autos “Partido Libertad y Democracia Responsable s/ formulan
impugnación al candidato a gobernador de la provincia por el Partido Justicialista Dr.
Eduardo Alfredo Fellner y al candidato a diputado provincial en 6° término Sr. Pedro
Segura” (Fallos: 327:5055), donde dijo que el apelante no expresó que lo debatido en la
causa se circunscribía a la interpretación de dos preceptos de la Constitución de la
Provincia de Jujuy -en orden a las inhabilidades para ser elegido gobernador-,
agregando que el planteo resulta de la exclusiva competencia de los tribunales
provinciales y ajenos al conocimiento de esa Corte por no configurar una cuestión
federal.
Entonces, al respecto, cabe recordar la inveterada jurisprudencia de la CSJN en
el sentido de que, en materia interpretativa, “la primera regla consiste en respetar la
voluntad del legislador y, en tal sentido, cabe estar a las palabras que ha utilizado. Si la
ley emplea determinados términos la regla de interpretación más segura es la que esos
términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, por
cuanto, en definitiva, la misión de los jueces es dar pleno efecto a las normas vigentes
sin sustituir al legislador ni juzgar sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones
adoptadas por aquél en el ejercicio de facultades propias” (Fallos: 318:1012,
considerando 3 y sus citas).
Contra lo anterior no puede aducirse alguna interpretación de que el art. 175 fija
el plazo máximo de ocho años consecutivos para ejercer el cargo de gobernador con
desatención/supresión de la previsión del art. 180 del mismo Cuerpo Normativo. No es
razonable entender que sólo rige el art. 175 porque así se desconoce que esos
determinados supuestos deben ser relacionados con los restantes también previstos en
la Constitución.

La postura que fragmente la interpretación de los artículos (que prevén
diferentes supuestos) de la Constitución podría llegar al absurdo de afirmar que sólo el
gobernador y vicegobernador electos para dichos cargos (arts. 170 y 175) pueden
ejercer los mismos, desatendiendo/suprimiendo las previsiones del art. 180 en cuanto
dispone que ante determinadas situaciones podrán ejercer esos cargos “el
vicepresidente primero o, en su defecto, el vicepresidente segundo de la Legislatura”
(art. 180 inc. 3), el legislador que elija “la Legislatura de su seno” (art. 180 incs. 5 y 6) y/o
“el presidente del Superior Tribunal de Justicia” (art. 180 inc. 7).
Y, a esta altura de los acontecimientos de nuestra historia reciente (años
2001/2002 a nivel nacional cuando el señor Fernando de la Rúa presentó su renuncia al
cargo de Presidente), entiendo que no está en discusión la aplicación de los diferentes
supuestos del art. 180, similares a los del art. 88 de la Constitución Nacional.
De allí que en todo lo dicho hemos seguido el significado de las cláusulas
Constitucionales interpretadas literal y sistemáticamente y en el sentido más obvio del
entendimiento común (Fallos: 258:75, entre otros) pues son de una precisión y claridad
incontrastables.

h) Omisión de análisis de los Derechos Civiles y Políticos y errónea
valoración derecho sufragio.
Los jueces del TEP han hecho una valoración parcial del bloque de
constitucionalidad y han aplicado erróneamente los derechos civiles y políticos.
Es disposición constitucional y opinión pacífica de doctrina y jurisprudencia que
las leyes reglamentarias no pueden cercenar los derechos que la propia Constitución
confiere. La constitución constituye un piso en torno al reconocimiento de derechos, que
puede ser ampliado por las leyes reglamentarias pero en ningún caso restringido (arts.
15 CRN y 28 CN). Asimismo, debe tenerse particularmente presente que en caso o
supuesto de duda siempre debe estarse a favor del reconocimiento y ejercicio del
derecho y no por la restricción.
Este claro principio interpretativo de los derechos, no se altera como veremos
seguidamente, si el prisma de la cuestión que analizamos se proyecta o deposita desde
la óptica del derecho político público subjetivo del candidato a la postulación electiva

(aspecto pasivo del sufragio); o desde el esquema republicano de división del poder,
destinado a controlar el mismo y a garantizar el principio de alternancia.
Hoy los derechos políticos se han ampliado en torno al concepto de democracia,
abriéndose a un universo más complejo. Al reconocimiento constitucional de los mismos
y a su desarrollo jurisprudencial le ha seguido un movimiento de derecho interno e
internacional que los sitúa en la base piramidal de los derechos humanos.
La CN a partir de la reforma de 1994 consagró en el artículo 37 estos derechos
fundamentales, mencionando en su primer párrafo la garantía constitucional del pleno
ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de la soberanía popular y de
las leyes que se dicten en consecuencia y eleva a rango constitucional las características
que el sufragio activo tiene a partir de la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912:
universal; igual; secreto y obligatorio (artículos 24 y 120 CRN).
También muchas de las declaraciones y tratados internacionales sobre derechos
humanos, con jerarquía constitucional federal por el art- 75 inciso 22 CN y también
provincial por el artículo 5 CN, encierran principios y disposiciones relacionados con la
materia de los derechos políticos.
Así lo hacen especialmente la “Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre”(DADH); la “Declaración Universal de Derechos Humanos” (DUDH);
el “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”(PIDCP);y la “Convención
Interamericana de Derechos Humanos”(CADH). También encontramos referencia a estos
derechos en la “Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación racial”; y la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación de la mujer.”
Estos instrumentos internacionales – DUDH art. 21; PIDCP art. 25; CADH art.
23 – garantizan la participación política, la periodicidad de los mandatos y elecciones
auténticas que deben realizarse por sufragio universal, igual y secreto.
E1 inciso b) del artículo 23 del llamado “Pacto de San José de Costa Rica”
consagra, entre otros, el derecho de elegir y ser elegido que poseen los ciudadanos y la
parte segunda del artículo 23 establece los límites a la reglamentación legal, afirmando
que los derechos y oportunidades consagrados en el inciso anterior sólo pueden ser
reglamentados por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción,
capacidad civil o mental, o condena de juez competente en proceso penal.

Sin perjuicio de esta limitación taxativa a la reglamentación del ejercicio de los
derechos políticos, es dable destacar respecto de la interpretación de esta parte de la
norma que el derecho interno ha establecido que “no deben reputarse prohibidas – ni por
ende inconstitucionales – las limitaciones al derecho a ser elegido que, no encuadrando
en las que “exclusivamente” menciona el artículo 23 del Pacto de San José de Costa
Rica, responden objetivamente a razones institucionales que no exhiben naturaleza
proscriptiva ni discriminatoria”8
.

De lo brevemente expuesto, emerge con claridad que el prisma que construye la
interpretación (si lo miramos desde la perspectiva del ejercicio y garantía del derecho
político subjetivo) es el principio pro homine, desarrollado por la CorteIDH, que alude a
una directiva que indica al intérprete que frente a la duda interpretativa o a uno o varios
textos normativos, se debe tomar siempre la decisión en favoris personae, es decir en
favor de la opción que de mejor manera garantice la efectividad del derecho de la
persona.
Este principio constituye por una parte un criterio de interpretación; y por otra
una norma de reenvío.
Como criterio de interpretación establece un principio extensivo de los derechos
humanos y restrictivo de sus limitaciones (Corte IDH, O.C. 5/85); como norma de
reenvío, el principio pro homine indica al intérprete frente a la concurrencia de normas de
distinto origen o sentido, cual de todas las normas debe elegir para la decisión del caso.
Instruye así que se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más
extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos e inversamente a la norma
o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones
permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos define el principio pro
homine expresando que “en materia de reconocimiento de derechos se debe estar a la
norma más amplia y a la interpretación más extensiva e inversamente a la norma y a la
interpretación más restringida en materia de limitación de derechos” (Comisión IDH,
Informe 35/07 –caso 12.553- “Jorge, José y Dante Peirano Basso”. República Oriental
del Uruguay del 1 de mayo de 2007; conc.: C.S. J. N., in re Acosta, en Fallos 331:858).

8
Cfr. Bidart Campos G., “El derecho a elegir y a ser elegido en el pacto de san
José de Costa Rica y en el Derecho Interno», ED, To 153, pp.1040/41

Si situamos el análisis desde la perspectiva republicana de la división del poder,
la conclusión a favor de la postulación de Wereltineck no varía. Esto demuestra la
errónea aplicación del Derecho Internacional en la Resolución del TEP.
Es doctrina de la C.S.J.N. que no existe en nuestro ordenamiento jurídico
derechos absolutos sino que “todos” –incluso los de naturaleza política- se encuentran
sometidos a las leyes que reglamentan su ejercicio. Es obvio que idénticas facultades
reglamentarias le asisten a los órdenes provinciales en sus órbitas respectivas.
Las reglas de juego democráticas que vertebran la organización del poder no
contienen principio alguno que inexorablemente “prescriba” o “prohíba” la habilitación de
la reelección. Es el constitucionalismo, el que en cada jurisdicción nacional o provincial,
establece esas reglas. Podrá haber o no haber reelección conforme al poder
constituyente de cada estado (no a la ley).
Pero la facultad de los Estados de regular o restringir los derechos no es
discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional que exige el
cumplimiento de determinadas exigencias que de no ser respetadas transforma la
restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana.
Conforme a lo establecido en el artículo 29.a in fine de dicho tratado ninguna
norma de la Convención puede ser interpretada en sentido de limitar los derechos en
mayor medida que la prevista en ella. La CorteIDH ha precisado las condiciones y
requisitos que deben cumplirse al momento de regular o restringir los derechos y
libertades consagrados en la Convención9

(el art. 23 CADH para el caso en análisis).
La Corte analizó el requisito de a) legalidad de la condición habilitante10
, b) el
requisito de finalidad de la condición11, y, finalmente, c) el requisito de necesidad en una
sociedad democrática y proporcionalidad de la condición12. Con el fin de analizar el
cumplimiento de este último requisito, la Corte valoró si la condición habilitante: 1)
satisface una necesidad social imperiosa, esto es, está orientada a satisfacer un interés

9
Cfr. Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos
Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 39; y Caso Kimel,
supra nota 4, párr. 52
10 Cfr. Caso Castañeda Gutman, párrs. 176 y ss.
11 Ibídem párrs. 180 y ss.
12 Ibídem, párr. 185.

público imperativo; 2) es la que restringe en menor grado el derecho protegido; y 3) se
ajusta estrechamente al logro del objetivo legítimo”13
.

Mi parte sostiene que si interpretáramos la norma del art. 125 de la ley electoral
como extensiva al art. 175 CRN la misma no superaría exitosamente los test de c)
Necesidad en una sociedad democrática y proporcionalidad de la medida
restrictiva toda vez que la necesidad social imperiosa y el interés público imperativo que
subyace en la obligación de los poderes (constituyente y constituido) de asegurar la
vigencia del principio republicano de gobierno, no depende de la consignación en una ley
reglamentaria de un concepto inexistente en la cláusula constitucional.
El alcance que pretende asignarle el TEP al concepto fórmula del art. 125 de la
ley 2431, se erige como desproporcionado toda vez que conlleva una restricción ilegítima
por violar el principio razonabilidad previsto en el art. 30 ACDH, 15 CRN y 28 CN; y de
igualdad consagrado en los artículos 1.1 CADH; 32 CRN; y 16 CN. Además viola el
principio de legalidad por crear un supuesto de restricción que el artículo 175 de la
CPRN no contempla.-
Efectivamente y como vimos, la norma -con el alcance que pretende asignarle el
TEP- no afronta con éxito el test de razonabilidad (confrontada en los términos que
estamos analizando) al alterar los derechos políticos públicos subjetivos del aspecto
pasivo del sufragio que concede el art. 175 CRN, por introducir un marco de mayor
restricción electiva que la propia norma constitucional.
El principio de igualdad impide la aplicación de restricciones injustificadas en el
en el derecho de acceso al cargo que supongan una discriminación, o la configuración
de situaciones que provoquen inferioridad de unos candidatos frente a otros, respecto a
los derechos de acceso y participación que tienen conferidos.
A la luz de tal inteligencia, se configuraría una violación al mismo si se le
impidiera el acceso a un cargo a algún candidato hallándose en idéntica situación que
otro al que se le permita. Al respecto señala el entonces Sr. Vocal de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación Dr. Bossert: “la violación del principio de igualdad, que permitiría
aludir a discriminación o proscripción, se configura cuando a un sujeto se le niega la
posibilidad de acceso al cargo hallándose en la misma situación que otros a quien ello le
es permitido” 14
13 Ibídem, párrs. 186 y ss.
14 voto Dr. Gustavo Bossert; CSJN, fallos: 322:385.

Y efectivamente esta situación de desigualdad se produciría si se interpretaran
los artículos 175 CRN y 125 de la ley 2431 en el sentido que prohíben la postulación el
próximo año de Alberto Wereltineck por haber sido electo Vicegobernador y luego
Gobernador en las elecciones inmediatas anteriores, ya que tal interpretación permitiría
que un candidato fuera dos veces seguidas Gobernador y el otro no pudiera situarse en
tal posición por haberse desempeñado como Vice. Reiteramos, lo que veda el art. 175
CRN es la reelección en el mismo cargo por más de dos mandatos consecutivos o la
sucesión recíproca entre iguales funcionarios.
Extender la imposibilidad de postulación a quien no fue electo dos veces
seguidas Gobernador ni Vicegobernador, ni se sucedió recíprocamente con el
Gobernador o Vice, altera el principio de igualdad respecto de aquellos de quienes
pudieron o puedan haber gozado o de dos mandatos consecutivos como Gobernador.
Del tenor de los preceptos involucrados en el caso bajo análisis, tratándose de
la configuración y organización de uno de los poderes del Estado y del ejercicio de los
derechos políticos condicionantes de la democracia, la cuestión a valorar no puede
escindirse de los ideales que cimientan nuestra organización constitucional: soberanía
popular, representación, democracia y pleno ejercicio de los derechos políticos. Estos
son parámetros fundamentales para “leer” la norma bajo análisis a la luz del núcleo
axiológico.
Contrariamente a lo sostenido por el TEP, entre los derechos políticos
actualmente tiene cabida un espectro amplio y relevante pero el derecho de sufragio o
voto (en su faz activa y pasiva) es el más importante de los derechos políticos y posee
un claro vínculo entre ambos aspectos del mismo 15
.

Es que una característica vital en torno al derecho constitucional de participación
política representativa, es la lectura conjunta que debe darse a los perfiles activo y
pasivo del sufragio popular receptados en nuestro bloque de constitucionalidad federal
en los arts. 37 CN y 23.1 a), b) y c) CIDH y en los arts. 2, 24 y 120 de la CRN,
interpretación que establece una suerte de vínculo esencial entre dos aspectos de un
mismo precepto que ha conducido incluso a hablar, en el caso del constitucionalismo
español por parte del Tribunal Constitucional a una identificación entre ambos16
.-

15 Amaya, Jorge Alejandro (2016), “Los derechos políticos”, Astrea, Bs. As. págs. 47.
16 En torno al art. 23.1 y 23.2 de la CE.-

No puede olvidarse, en este sentido, que es en el proceso electoral donde
se “ejercen de manera efectiva los derechos de sufragio activo y pasivo” que están
“en la base de la legitimación democrática del ordenamiento político”17 y que
constituyen “aspectos indisociables de una misma institución, nervio y sustento
de la democracia”18; es decir, dos vertientes del mismo principio de representación
política, contrariamente a lo que sostiene el T.E.P.19
.-

Se trata de un nexo inteligible si se parte del significado del derecho
fundamental a participar en los asuntos públicos a través de representantes libremente
elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, significado que culmina con la
afirmación de que afectar la esfera jurídica del representante en el ejercicio de sus
funciones, trasciende a la de los ciudadanos representados en forma de lesión de su
derecho fundamental20
.-

Por lo expuesto, es dable concluir que la interpretación de una cláusula
constitucional que fije reglas procedimentales sobre el sistema representativo debe
atender siempre a la condición de mayor concurrencia, es decir, a la solución donde
prima la mayor oferta democrática y frente a la cual el cuerpo electoral (“el pueblo”)
podrá expresar con mayor eficacia sus preferencias y canalizar sus expectativas.
El sistema debe siempre tender a habilitar la mayor cantidad de participantes en
un proceso electoral. Este principio, por lo demás, tiene acogida en el sistema
internacional de derechos humanos.
Aun cuando el ejercicio de los derechos políticos no implique un derecho a la
reelección, sí implica un derecho a no ser discriminado o neutralizado arbitrariamente de
la oferta electoral, cosa que ocurriría si interpretáramos la norma que establece límites a
la reelección de forma tal que desnaturalice su letra, su espíritu y los valores por ella
promovidos.
Nada impide al Estado establecer ciertos límites al ejercicio del derecho
electoral pasivo, como sería establecer un límite a la reelección partiendo que el
derecho a ser elegido no es – como todos los derechos – absoluto; pero estos
límites –que deben ser objetivos y razonables- nunca podrían ser, reiteramos,

17 STC 76/1987/2.
18 STC 24/1990/2.
19 STC 71/1989/3.
20 Como afirmó la STC 10/1983.-

ampliados por el intérprete de modo arbitrario y antojadizo como lo hace el TEP en
la Sentencia que recurrimos.
Sólo el pueblo titular de la soberanía puede limitar su propia expresión política
fundamental.

i) Absurda interpretación alternancia en el poder.
Como dijimos más arriba el TEP confunde los conceptos de periodicidad de los
cargos electivos con la alternancia en el poder en otra muestra clara de arbitrariedad.-
Al respecto con la claridad que la caracteriza señala la Dra. Gelli: “5. SISTEMA
REPUBLICANO. La república clásica se define como un sistema político de división y
control del poder. Las otras notas que la caracterizan son la publicidad de los actos de
gobierno, la responsabilidad de los funcionarios, la periodicidad de los cargos
electivos y la igualdad de todos ante la ley.” (el destacado nos pertecene, GELLI Maria
Angelica, “CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA COMENTADA Y
CONCORDADA” Tomo I, página 22, La Ley, Buenos Aires 2011).-
Sentado lo anterior, tengo presente que el Tribunal dijo que la alternancia en el
poder y periodicidad en la renovación de autoridades es una impronta de la democracia y
del sistema republicano de gobierno (página 32). Esto es una clara demostración de la
confusión que destacamos anteriormente.-
No lo dijo expresamente, pero en base a su anterior argumentación, el Tribunal
Electoral considera que ejercer el cargo de Gobernador más de ocho años (o dos
períodos de mandatos) viola, en concreto, el sistema republicano de gobierno.
Ahora bien, el señor Alberto Weretilneck, de admitirse su postulación y resultara
“reelecto” gobernador para el período 2019-2023, estará en “ejercicio” del cargo por once
años y once meses.
Esta situación denota, en primer lugar, que no estamos ante un supuesto de
pretensión de reelección indefinida del señor Alberto Weretilneck puesto que el segundo
párrafo del art. 175 de la Constitución prevé que si el gobernador ha sido reelecto no
puede ser elegido en ninguno de los cargos (Gobernador y/o Vicegobernador) sino con
un período de intervalo.

En segundo término, corresponde preguntarse si los excepcionales supuestos
previstos en la Constitución Provincial (en cuanto permiten la posibilidad de hasta doce
años consecutivos como máximo para el “ejercicio” del cargo de gobernador) afectan los
principios republicanos que establecen las Constituciones Provincial y Nacional.
Entiendo que la respuesta negativa se impone porque existen sobrados
antecedentes sobre la cuestión.
En el orden del Derecho Público Provincial argentino es posible el ejercicio del
cargo por similares plazos mediante la reelección consecutiva indefinida del gobernador
y vicegobernador en las provincias de Formosa (art. 132, Constitución del año 2003) y
Santa Cruz (art. 114, Constitución del año 1998); y no ante situaciones excepcionales
sino como posibilidad ordinaria de cualquier ciudadano.
La Constitución reformada de la provincia de Córdoba estableció la posibilidad
de dos reelecciones del gobernador Angeloz (ejerció el cargo doce años: elecciones de
1983, 1987 y 1991).
La Constitución Nacional reformada en el año 1949 admitía que el presidente
podía ser reelecto por seis años y sin términos (art. 78). Recuérdese que el Señor Juan
Domingo Perón fue elegido Presidente por un período de seis años (1946-1952) y
reelegido para otro período de igual plazo (1952-1958); ejercicio del cargo que se vio
interrumpido por el golpe de estado de 1955.
La Constitución Nacional vigente (reformada en el año 1994) previó la
posibilidad, de forma excepcional, que el Presidente Carlos Saúl Menem “ejerciera” de
forma ininterrumpida el máximo cargo del Poder Ejecutivo por el plazo de diez años y 5
meses (cláusulas transitorias novena y décima de la Constitución).
En similar sentido, el art. 4 de la ley nacional 25716 (que modificó el artículo 4°
de la ley 20972 de Acefalía Presidencial) previó la posibilidad, de forma excepcional, que
el Presidente Néstor Kirchner (2003-2007) ejerciera el cargo por más de ocho años y
seis meses ante su eventual nueva postulación -reelección- para el período siguiente.
Dable es destacar que la Enmienda XXII de la Constitución de los Estados
Unidos refirió a un proceso que venía de una reelección indefinida y pasó a limitar el
mandato con reelección. Dicha norma contiene en sí misma una disposición transitoria
que dice: “Empero, este artículo no será aplicable a la persona que desempeñe el cargo
de Presidente cuando dicho artículo sea propuesto por el Congreso ni impedirá que la
persona que ostente el cargo de Presidente o se desempeñe como tal durante el período
en que este artículo se ponga en vigor, conserve sus funciones el Presidente o se
desempeñe como tal durante el resto de dicho período”. Recordemos que al tiempo de la
propuesta, Franklin D. Roosevelt ya ejercía el tercer mandato.

Sagüés (en «Teoría de la Constitución», págs. 194/204 y siguientes, ed. Astrea),
cita a Loewenstein en referencia a la constitución original de los Estados Unidos en
cuanto entendía que padecía de una laguna al no regular un tema importante, como eran
las reelecciones indefinidas del presidente; de ese modo explica que la enmienda XXII,
tuvo que salir al paso, estableciendo la prohibición de la reelección por más de dos
períodos. Pero el primero de los nombrados considera que allí no había laguna alguna
en la constitución: si ella no decía nada, autorizaba las reelecciones indefinidas; y por
tanto, bien o mal trataba el tema.
Y he dejado para lo último lo ocurrido de forma reciente en esta Capital
provincial, donde el intendente fue habilitado para ejercer tres mandatos consecutivos
(2003-2007, 2007-2011 y 2011-2015; conf. STJRNS4 Se. 78/11). Ello, sin dejar de
resaltar que en los municipios sin carta orgánica la Constitución Provincial habilita la
reelección (ejercicio) indefinida del intendente (art. 233 inc. 2). Con esto estoy
destacando que es propio de nuestra historia, sociedad y cultura reciente que el poder
ejecutivo puede ejercerse por doce años o mas, sin perjuicio de que ese guarismo es el
límite impuesto en nuestra Constitución Provincial para que el señor Alberto Weretilneck
pueda ejercer el cargo de gobernador.
Por eso es que la Constitución debe ser analizada como un conjunto armónico,
dentro del cual cada una de las disposiciones ha de interpretarse de acuerdo con el
contenido de las demás, evitando que unas entren en colisión con las otras, de modo de
respetar la unidad sistemática de la Ley Fundamental (Fallos: 167:121; 190:571;
296:432; 300:596).
Más allá de lo hasta aquí dicho, desde otro punto de vista, cabe preguntarse
¿Hay una creencia social imperante sobre la reelección y/o sobre el máximo de ejercicio
de la función analizadas? Y en su caso ¿Cómo conocer esas opiniones? ¿Cuándo y de
qué manera se fijaron esos valores? ¿Gozan de consenso unánime en la sociedad? ¿o
qué porcentaje de la sociedad responde a cada opinión? ¿Quién, cómo y dónde realizó
las actividades sociales democráticas para arribar a esas conclusiones?
Fácil es advertir que depende a quien se le pregunte será la respuesta.
Ejemplos: (i) las divergentes posturas de las partes en el presente expediente;
(ii) la provincia de Formosa, cuyo actual gobernador fue electo en seis períodos
consecutivos y está próximo a cumplir veinticuatro años ininterrumpidos de ejercicio del
cargo; (iii) la provincia de Tucumán, donde el señor Alperovich fue elegido gobernador en
tres períodos consecutivos en razón de los cuales ejerció durante doce años el cargo –
2003/2015-; (iv) la provincia de Salta, el señor Romero fue elegido gobernador para tres
períodos y ejerció el cargo por doce años -1995/2007-, y el señor Urtubey también fue

elegido gobernador para tres períodos consecutivos y está próximo a cumplir los doce
años ininterrumpidos de ejercicio del cargo -2007/2019-; (v) la provincia de Santa Cruz,
el señor Kirchner fue elegido gobernador para tres períodos y ejerció el cargo por doce
años -1991/2003- ininterrumpidos; (vi) la provincia de Córdoba, el señor Angeloz fue
elegido gobernador para tres períodos y ejerció el cargo por doce años -1983/1995-
consecutivos; (vii) la provincia de La Rioja, el señor Maza fue elegido gobernador para
tres períodos consecutivos -en 1995, 1999 y 2003-.
Además, los medios de comunicación masiva (v.gr.: de Río Negro, de La Rioja y
de la Nación) han mostrado en los últimos meses que existen tantas opiniones sobre
cada una de las anteriores preguntas como personas dispuestas a dar “su verdad”.
Sin lugar a dudas, a los fines de la presente apelación, nada obtendremos ni de
allí (la prensa) ni de encuestas o “sondeos” u otra actividad que pretenda adjudicarse la
detección de la communis opinio o algún criterio pacíficamente aceptado sobre los
puntos en cuestión.
Aún si eventualmente tuviera una encuesta o datos estadísticos los mismos son
absolutamente insuficientes para rebatir la interpretación literal y sistemática de nuestra
joven Constitución Provincial (tiene apenas treinta años).
Nos hemos limitado a lo establecido por nuestra vigente Constitución sin
adaptarla, modificarla ni forzar la interpretación de sus artículos en base supuestos
“espíritus” o pretendidas y no demostradas afectación de los principios representativo y
republicano.
La eficacia y éxito de la Constitución como instrumento de gobierno no está
condicionada a la libre y discrecional solución circunstancial que destruya las soluciones
previstas dentro del marco de posibilidades que ella permite.
Recapitulando sobre lo anterior, no sólo existen provincias que admiten el
ejercicio del cargo de gobernador por reelección ordinaria consecutiva hasta por más de
doce años, sino que también otras provincias prevén de forma excepcional -al igual que
Río Negro- el ejercicio de dicho cargo por hasta doce años como máximo.
Además, la misma Constitución Nacional reguló el supuesto excepcional de
ejercicio del máximo cargo del Poder Ejecutivo en un plazo muy próximo al que
eventualmente -y también de forma excepcional por fallecimiento- podría ejercer el señor
Alberto Weretilneck en este caso analizado.
De allí que la interpretación que realizamos desecha toda situación irrazonable o
absurda máxime cuando se basa en el sentido literal y sistemático conforme al sentido
jurídico y común de los términos y con plena eficacia de los diferentes supuestos

previstos. Entonces, en el caso analizado se advierte una previsión de una situación
excepcional.
Así, es razonable la regla individualizada en el marco de las condiciones
limitadoras del ordenamiento que responde a las exigencias del caso. Ello también
concuerda con que la operatividad de la Constitución responde a la aplicación de la
individualidad de sus artículos en función de su análisis sistemático y visualizada en el
marco más amplio de todo el sistema jurídico que integra.
Todo lo hasta aquí dicho, por supuesto, debemos enmarcarlo en la conocida
jurisprudencia vinculada al caso de la CSJN.
Después de la reforma de 1994, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
fecha 06/10/1994, in re “Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe c. Provincia de
Santa Fe” (LA LEY 1995-A, 203 – DJ 1995-2, 638, Online: AR/JUR/1611/1994), adelantó
el carácter eminentemente local de la cuestión al sostener que el condicionamiento
establecido a las provincias de resguardar el sistema representativo republicano, de
acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, exige
una adecuación de las instituciones locales a los mencionados requerimientos, pero no
requiere, ni puede hacerlo, que las constituciones sean idénticas, una copia literal o
mecánica, ni una reproducción más o menos exacta e igual a aquélla.
Los mentados principios resultan preservados en el caso dado que los permisos
y prohibiciones generales y excepcionales para ser “elegido” y “ejercer” el cargo de
gobernador están contenidos expresamente en la Constitución de la Provincia y han sido
establecidos, precisamente, por los representantes del pueblo de Río Negro al sancionar
la Constitución; y la autonomía institucional de la Provincia implica que en la elección de
sus gobernadores, legisladores y funcionarios y el tiempo de ejercicio del cargo, cada
provincia posee una potestad que no depende ni puede ser igualada por ningún otro
poder, potestad que asegura a las provincias su existencia como unidades políticas con
los atributos de la autoridad pública, que ejercitan por medio de órganos elegidos por
ellas sin intervención del poder central (conf. voto del doctor Fayt en el Fallo citado).
Este último Magistrado agregó que la posibilidad de reelección del Poder
Ejecutivo no es una característica diferencial del sistema republicano de gobierno,
ni se opone a éste. De lo contrario, debería concluirse que nuestra Constitución
Nacional antes de la reforma del año 1994, al vedar expresamente tal posibilidad, no
adoptaba la forma republicana de gobierno pese a su categórica declaración en tal
sentido y, del mismo modo, que las constituciones provinciales reformadas con
anterioridad a la modificación de la Ley Fundamental que expresamente previeron la

posibilidad de la reelección (precisamente como la de nuestra Provincia), no respetaron
el principio republicano.
Y lo mismo cabe decir sobre la excepcional posibilidad de ejercer el cargo por el
limitado tiempo máximo que prevé la Constitución de Río Negro.
Nuestra Constitución Provincial limita a dos oportunidades la elección
consecutiva del gobernador y de allí el principio general de posible ejercicio del cargo
hasta ocho años de forma continuada.
Pero la Constitución también prevé una situación excepcional: si en el período
anterior a esa elección y reelección en el cargo de gobernador, la misma persona fue
elegida en otro cargo (léase: vicegobernador integrando otra fórmula ó legislador) en
razón del cual deba (en caso de acefalía) reemplazar al gobernador, surge de allí la
posibilidad de ejercer el cargo hasta doce años de forma continuada.
La Constitución de Río Negro puede ordenar la periodicidad y la alternancia en
el poder, y establecer condiciones razonables de elegibilidad y de no elegibilidad, entre
las cuales se encuentran la no re-reelección y los máximos plazos de ejercicio en el
cargo de gobernador. Está cumplida así la garantía de la igualdad ante la ley y de
admisibilidad en los empleos sin otra condición que la idoneidad, consagrada por el art.
16 de la Constitución Nacional, y no obsta a ello que el Convencional contempló en
forma distintas situaciones que consideró diferentes, porque la discriminación no es
arbitraria ni importa ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de
personas, aunque su fundamento pueda considerarse opinable.
Las previsiones constitucionales son diáfanas. No existe laguna ni vacío
Constitucional.
Parece muy razonable, por cierto, que si el constituyente planeó una solución
concreta para el caso, se dé a éste la respuesta prevista.
Nuestra Constitución Provincial tiene determinadas previsiones sobre la forma
de alternancia de personas en el cargo de Gobernador (conforme elección y reelección)
y la cantidad de mandatos en que puede ejercer el cargo (por elección y/o reemplazo).
Sus previsiones no están bien ni mal, son lo que eligió el Constituyente en el
marco de las facultades que se reservó la Provincia. Tampoco tienen que tener similitud
ni topes ni prohibiciones como la Constitución Nacional u otra, porque rige el Derecho
Público Local.
Es que tal como se señaló en el Informe de la Comisión examinadora de la
Constitución Federal -Convención del Estado de Buenos Aires, previa a la Convención
Reformadora Nacional de 1860- la supresión de la previsión del art. 5 del texto de 1853,
en cuanto establecía el control del Congreso Nacional respecto de las Constituciones

provinciales, residió en el respeto del principio fundamental de la soberanía provincial en
todo lo que no daña a la Nación. Como se ha dicho antes, cada provincia debe tener el
derecho de usar de esa soberanía en el límite que le es propio, dándose aquellas leyes
que juzgue más convenientes para su felicidad, por lo que no le corresponde al
Congreso legislar en el nombre de una provincia, suplantando la representación de esa
soberanía, pues ello es atentatorio de los principios fundamentales de la asociación
federativa en que la personalidad política de los pueblos no puede ser eliminada sino en
todo aquello que corresponde al modo de ser exterior de cada estado (Ravignani,
“Asambleas Constituyentes Argentinas 1813/1898”, t. 4, ps. 773 y ss.).
Estos conceptos, lejos de haber sido atenuados por el proceso de reforma de la
Constitución Nacional de 1994, deben entenderse reforzados en tanto el fortalecimiento
del régimen federal fue uno de los objetivos expresamente indicados como sustento de
parte de las modificaciones que definió la ley que declaró su necesidad (art. 3 ley
24309). (conf. CSJN, Fallos: 317:1195, del voto de Fayt).
De lo hasta aquí dicho se sigue que lo establecido en los arts. 175, 180 y ccdtes.
de la Constitución de Río Negro es la expresión de la facultad soberana de la provincia
de darse su ordenamiento electoral interno, mediante una modalidad que no contrasta
con garantía fundamental alguna.
En síntesis, debe afirmarse enfáticamente que no existe pugna alguna entre el
sistema federal de gobierno y la supremacía de la Constitución Nacional; que a las
provincias les compete en forma exclusiva, autónoma y soberana la adopción y
reglamentación de sus propias instituciones y que los principios del art. 5 obligan a
respetar las Constituciones provinciales las que no deben ser una copia carbónica de la
nacional. La forma en que cada estado federal regule sus instituciones debe ser
respetada, porque lo contrario significaría que por arte de interpretaciones artificiosas, el
principio de la supremacía constitucional destruiría el sistema federal, de tal suerte que
se violaría una de las reglas tradicionales de interpretación constitucional que parte de la
base cierta de que la Constitución es un todo armónico.
No debe confundirse la declaración de fe republicana o la República con la
periodicidad del mandato de los gobernantes solamente.
El constituyente aseguró/previó la citada alternancia. Ni buena ni mala; ni
correcta ni incorrecta, sólo la considerada adecuada para la provincia de Río Negro.
Todos estos razonados argumentos demandan que la decisión jurídica del
STJRN, independientemente de las ideas u opiniones personales de lege ferenda de
cada Magistrado, se evidencie como lo justo, moderado y prudente a lo que obligan las
Constituciones Nacional y Provincial con arreglo al sentido común; siendo “que, en

materia interpretativa, ‘la primera regla consiste en respetar la voluntad el legislador y, en
tal sentido, cabe estar a las palabras que ha utilizado. Si la ley emplea determinados
términos la regla de interpretación más segura es la que esos términos no son
superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, por cuanto, en definitiva,
la misión de los jueces es dar pleno efecto a las normas vigentes sin sustituir al
legislador ni juzgar sobre el mero acierto o conveniencia de disposiciones adoptadas por
aquél en el ejercicio de facultades propias (Fallos 318:1012, consid. 3 y sus citas)’”
(CSJN, in re “Unión Cívica Radical”, del 05/11/2013, consid. 24).
COLOFÓN:
A modo de cierre queremos destacar el precio que paga la sentencia por su
creatividad y aparente altruismo, que no es otro que el de violentar la voluntad y
soberanía popular; viola lisa y llanamente principios de orden constitucional y propios del
derecho electoral e institucional, como el principio de participación, que establece que
“entre dos posibles soluciones debe ser preferida aquella que mejor se adecue al
principio de participación -rector en materia electoral-, y en caso de duda el intérprete
debe inclinarse por la solución más compatible con el ejercicio de los derechos.
Cualquier exégesis hecha por los jueces debe privilegiar el servicio de justicia ante la
trascendencia de un proceso electoral cuya dinámica le da vigencia efectiva a los
artículos 1, 22, 33, 37, 46 y 81 de la Constitución Nacional. Por otro lado, garantizando la
concurrencia a los comicios de todas las agrupaciones políticas, o sea el derecho a
oficializar candidatos sin alterar el racional principio de igualdad y admisibilidad en los
cargos públicos electivos. Puesto que el pronunciamiento del poder electoral del pueblo
exige plena participación porque es la que le va a proporcionar legitimidad. (Fallo
3451/05” (CNE 253), el Principio de la representatividad popular, que nos dice que
“el derecho electoral tiende a garantizar la efectiva vigencia del principio democrático de
la representatividad popular.” (Fallo 3630/05 CNE); el Principio de respeto de la
genuina expresión de la voluntad del pueblo, principio rector del derecho electoral,
el respeto de la genuina expresión de la voluntad mayoritaria del electorado, que
constituye la base misma de toda democracia. Fallo 2895/01 CNE (pág. 145). Es un
principio básico de derecho político y electoral, que debe garantizar la justicia
electoral, el asegurar la expresión genuina de la voluntad del pueblo a través del
cuerpo electoral. Postulado que reconoce su raíz en la soberanía del pueblo y en la
forma republicana de gobierno que la justicia debe afirmar.” (Fallo 3321/04 CNE ).
También parece olvidado o por lo menos minimizado a su menor expresión, en
el fallo que cuestionamos aquí otro principio rector de la institucionalidad de nuestras
organizaciones políticas, y del propio sistema democrático de gobierno, el Principio de

preeminencia de la voluntad mayoritaria, al que deben ajustar su funcionamiento los
partidos políticos. (Fallo 2895/01 CNE).
No deja de sorprendernos como se esfuerza en la pluma el fallo criticado, para
que la opinión sesgada y parcialmente analizada de algunos convencionales
constituyentes del 88′, se torne en el supuesto “espiritu del constituyente” y espíritu que
termina desinterpretando la Constitución en su conjunto según nuestro criterio.
IV.- RESERVA CASO FEDERAL.-
Atento que un eventual rechazo de la apelación, resultaría violatorio de los
derechos de participación política representativa receptados en nuestro bloque de
constitucionalidad federal en los arts. 37 CN y 23.1 a), b) y c) CIDH y en los arts. 2, 24 y
120 de la CRN, y sin perjuicio de tratarse de una cuestión eminentemente local,
mantenemos la reserva del caso federal oportunamente formulada.-
V.- PETITORIO: Por todo lo expuesto, solicitamos:
1) Al Tribunal Electoral Provincial: a) Nos tenga por presentados en tiempo y
forma esta formal apelación contra la resolución que hace lugar a las impugnaciones
planteadas por las Alianzas “Frente para la Victoria” y “Cambiemos” y decide no
oficializar la candidatura de Alberto Edgardo Weretilneck a GOBERNADOR de la
provincia de Río Negro; b) conceda el recurso con efecto suspensivo, habilitando a ésta
Agrupación a presentar los modelos de boletas con la lista proclamada a nivel Alianza
(salvo que medie suspensión o postergación de dicho plazo fijado para el 04/03/2019)
hasta tanto la Resolución quede firme; c) en forma inmediata -previa sustanciación del
recurso en caso de estimarlo procedente- eleve estas actuaciones al Superior Tribunal
del Justicia habilitando al efecto días y horas inhábiles.
2) Al Superior Tribunal de Justicia: a) Haga lugar a este recurso y en
consecuencia revoque la Resolución no 12 del Tribunal Electoral Provincial rechazando
las impugnaciones formuladas y; b) oficialice la candidatura de Alberto Edgardo
Weretilneck en representación de la Alianza “Juntos Somos Río Negro” al cargo de
Gobernador de la Provincia; c) tenga presente la reserva del caso federal formulada.-
Proveer de conformidad,
Será Justicia.

 

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