Investigan a vecino de Valcheta por tráfico de archivos de explotación sexual infantil

La investigación judicial incluye a unas 30 personas de distintas ciudades que intercambiaban archivos de ese tipo en un grupo de WhatsAPP.

El Ministerio Público Fiscal pidió allanamientos a dos viviendas de la localidad de Valcheta por la participación en una red de difusión de contenidos de explotación sexual infantil que involucra a unas 30 personas de distintas ciudades del país.

El allanamiento se realizó hoy a la mañana y permitió el secuestro de gran cantidad de dispositivos electrónicos que serán peritados por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (Oitel) de la Procuración General. Trabajará en ello también la Dirección de Informática Forense.

En uno de los domicilios viviría un hombre, acusado de integrar un grupo de WhatsAPP que compartía el material en imágenes y videos.

Entre los elementos secuestrados hay un CPU, un disco duro externo, gran cantidad de tarjetas de memoria, CD-ROM y pendrives. Además, se peritará una tablet y una decena de celulares, muchos de ellos apagados y sin batería.

Para la investigación unificada de este tipo de casos que involucran a distintas jurisdicciones del país, la provincia de Río Negro cuenta con un protocolo de investigación de ciberdelitos, creado por la Procuración General a la luz de un instrumento similar elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La función de la Oitel en la persecución del ciberdelito

El documento destaca la función de la Oitel, a cuyos integrantes les endilga la responsabilidad de ser los únicos que pueden examinar y analizar la evidencia digital recolectada en el marco de las investigaciones, buscando preservar en todas las ocasiones la prueba original. Dentro de este área se encuentra, además, el referente provincial que recibe las causas de explotación sexual infantil y las remite a las Fiscalías rionegrinas correspondientes para el inicio de las investigaciones.

Entre las pautas específicas de actuación, el protocolo impone reglas para la recepción de la denuncia, la atención que debe brindarse a denunciantes menores de edad, las condiciones imperantes en la investigación preliminar y el modo de actuar en los allanamientos. Además da instrucciones precisas acerca de qué tipo de dispositivos electrónicos deben secuestrarse, cómo manipularlos para evitar pérdida de información y de qué forma garantizar una cadena de custodia que reduzca las posibilidades de futuras nulidades en el marco de la causa judicial.

Por otra parte, indica que el trabajo judicial debe realizarse sobre copias del material obtenido, procurando preservar el original de manera inalterable y puntualiza cuál es la prueba que puede ser susceptible de secuestro entre la que nombra los chats y blogs, juegos infantiles o de contenido sexual, registro de actividad en internet y directorios de archivos encriptados. Agrega además cualquier tipo de papel que contenga contraseñas anotadas, notas y manuales.

Entre otros aspectos, el protocolo destaca que para llevar adelante este tipo de casos, los fiscales podrán hacer uso de los medios de investigación dependientes de la Procuración General y requerir, de ser necesario, la colaboración con agencias provinciales, nacionales o internacionales especializadas en la materia.

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