En mayo se realizaría el juicio a exministros de la gestión de Miguel Saiz

En mayo llegará a juicio la causa por el pago de sobresueldos durante la gestión del exgobernador, Miguel Saiz, iniciada hace más de seis años tras una investigación del diario Río Negro.

Están imputados los exministros César Barbeito, Diego Larreguy, Juan Accatino, Cristina Uría, Omar Contreras y Alfredo Pega; así como el exsecretario General de la Gobernación, Francisco González, Daniel Bossero, Gustavo Pichi, José Ongaro, Sergio Pendas y Aníbal Hernández. A Barbeito y González se les imputa el delito de “peculado”; a los contadores Bossero y Pichi “incumplimiento de los deberes de funcionario pùblico” por no haber controlado, y a los restantes participación necesaria en “peculado”.

Son 12 en total los imputados. En ese concepto del comúnmente denominado “sobresueldo” que se habría distribuido entre esos funcionarios de primer nivel, el Estado rionegrino habría abonado un monto total de 26.814.360 millones de pesos entre 2004 y 2010.

La fecha de juicio aún no fue fijada debido a que en este momento se tramitan las sustituciones de abogados defensores tras las renuncias a esas representaciones de Jorge Crespo y Miguel Cardella, quienes asumieron recientemente como Procurador General de Río Negro y juez de impugnación en Viedma, respectivamente.

Existe una real urgencia en la realización de este juicio para evitar la prescripción de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario” que pesa sobre varios de los imputados.

El Tribunal de juicio está integrado por el juez de Garantías Ignacio Gandolfi, y los camaristas laborales de Viedma Gonzalo Guerra Lavayén y Marcelo Valverde.

Una vez designada la totalidad de los abogados defensores será convocada una nueva audiencia para depurar la lista de testigos que hasta el momento suman unos 200 que de ser mantenida significaría más de un mes de audiencias con 10 testimonios por día. Una cantidad considerada excesiva. Con esa depuración lo que intentará el Tribunal es evitar que varios testigos reiteren exactamente lo mismo y se extiendan inútilmente las audiencias.

Procesados hace seis años

El dos de mayo de 2012 el exjuez penal, Carlos Reussi, procesó a los exfuncionarios. Ese mismo mes pero del año siguiente la Cámara en lo Criminal integrada en ese momento por Pablo Estrabou, Jorge Bustamante y Francisco Cerdera confirmó los procesamientos al considerar que las resoluciones fueron dictadas, las órdenes de pago libradas y los cheques cobrados.

“Si la resolución 61/04 firmada por quien ocupaba en ese momento el ministerio de Coordinación, César Barbeito, pudo tener un tinte de legitimidad al otorgar la bonificación, esa legitimidad hizo agua a la hora de ser implementada, puesto que no permitió el debido control con lo cual, en un sistema de hecho, quien resolvía el pago del adicional podía disponer a su libre arbitrio de una importante suma de dinero que todos los emses recibía personalmente”, sostuvo ese Tribunal.

Interpretó que se trató de un sistema donde quedaba en cabeza del ministro o el secretario una cantidad de dinero del erario público, destinado a una bonificación salarial pero “con absoluta libertad y con prescindencia de toda forma o motivo, pudiéndose beneficiarse a si mismo en más o en menos, a los demás funcionarios o incluso empleados, sin sujeción a ningún parámetro reglamentario”.

El fallo agregó que no hubo control del gasto y que ese pago de sobresueldos “pasó de ser discrecional a arbitrario al perseguir otros fines que los normativamente fijados”. Concluyó que se trató de “una verdadera desviación de poder porque Barbeito como ministro de Coordinación y González como secretario General de la Gobernación con la intervención de los restantes ministros establecieron e hicieron funcionar un sistema por el cual sustraían mensualmente de la Administración Pública importantes sumas de dinero con alegado destino a pago de adicionales” a funcionarios y algunos empleados “sujeto a la mera voluntad de los administradores” y sin que quedara registro administrativo alguno. “De esta manera se dio lugar a la sustracción de los fondos configurándose el delito de peculado”, agregó el fallo. El Tribunal intrepretó que “no se trató solo de una administración desprolija de los fondos” sino que fue vulnerada la propiedad (administración pùblica) “desde que el funcionario dispuso de fondos asignados para una bonificación <a piacere> por más que se alegue <lo acordado> en el Gabinete, de lo cual no obra constancia probatoria alguna y mucho menos reglamentación o resolución alguna sobre la distribución que invocaran los imputados”.

Sólo un abreviado

Por el pago de estos sobresueldos sólo aceptó juicio abreviado el exFiscal de Estado, Alberto Carosio, en noviembre de 2016.

Sólo el exFiscal lo aceptó, previo reconocer ser el autor del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Se le impuso el pago de una multa de 12.500 pesos y una inhabilitación de un mes.

Contreras y Barbeito los más complicados
Sobresueldos: en mayo se realizaría el juicio

Los exministros Omar Contreras y César Barbeito llegarán al juicio por los sobresueldos en una complicada situación. A ambos se les imputa el delito de “peculado” para el cual el Código fija una sanción de dos a 10 años de prisión que puede ser impuesta en suspenso, siempre y cuando el imputado no tenga antecedentes que no es el caso de los exministros.

Contra Contreras pesa una condena firme de tres años de prisión en suspenso por una contratación directa de publicidad a favor de una funcionaria. Además está procesado por “administración fraudulenta agravada” ante rendiciones irregulares de fondos que superarían el millón de pesos durante su gestión al frente de la cartera de Turismo. Los montos más importantes estarían vinculados al Dakar 2009 que pasó por Río Negro.

La situación de Barbeito es similar, teniendo en cuenta que está firme una condena de tres años de prisión en suspenso por el uso de un vehículo oficial y fondos públicos para su campaña. Pesa además en su contra la contratación irregular de obras escolares.

En el caso que ambos exministros sean condenados en la causa de sobresueldos por más pena mínima que se les imponga, los tres años en suspenso que pesan sobre ambos se trasformarían en prisiones efectivas.

 

Fuente: diario rio negro (viedma)

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