Ajuste y despidos en las empresas estatales

La mayoría de las empresas públicas que fueron creadas o estatizadas entre el 2003 y el 2015 se encuentran en una delicada situación debido a un recorte en las transferencias de recursos y a una importante reducción en sus plantas de trabajadores.

Entre 2015 y 2016, las transferencias del Estado hacia las compañías públicas se redujeron en casi un 25% con un contexto inflacionario cercano al 40%. De esta manera, en 2016 las transferencias totalizaron $90.273 millones frente a $121.301 millones de 2015, un recorte de $30.028 millones en tan solo un año, reveló en un informe el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Una de las más perjudicadas fue la ENARSA, que vio reducidos sus recursos en un 55% y significó el 85% del recorte total a empresas públicas. El ajuste en la energética pública es un indicio de la política tarifaria que implementó el Gobierno bajo la gestión del exministro Juan José Aranguren.

En términos absolutos, el peor ajuste fue sobre ARSAT: el Estado redujo el 94% de las transferencias a la empresa satelital, que pasaron de $4886 millones en 2015 a $297 millones un año después.

Nuevamente, la reducción presupuestaria fue acompañada de suspensión de proyectos ya que la construcción del ARSAT 3 ─originalmente, planificado para lanzamiento en 2015─ fue pospuesta para el año 2020 por la gestión de la empresa a cargo de Rodrigo de Loredo.

Dinámica similar sufrió Fabricaciones Militares, que pasó de recibir $2904 millones en 2015 a recibir $1458 en 2016, una reducción del 50% en las transferencias. Como parte del plan de reestructuración, en agosto de 2017 fue designado al frente Luis Riva, hombre del vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui.

Riva, que nunca antes había ocupado cargos públicos, fue elegido por el Gobierno nacional tras haber conducido poco más de 30 reestructuraciones en empresas alimenticias, textiles, metalmecánicas y autopartistas, entre otras.

Sin embargo, una de sus primeras medidas al frente de Fabricaciones Militares fue el cierre de FANAzul, la planta de la localidad bonaerense de Azul, y que dejó un tendal de 254 trabajadores despedidos.

Si se contabilizan los últimos dos años, los despidos contabilizan 617, lo que se traduce en poco más del 26% de la planta de personal que la empresa tenía hacia fines de 2015.

Además del ajuste por la vía del recorte de transferencias, el Gobierno de Cambiemos también apuntó sus cañones a la reducción de los puestos de trabajo en las empresas estatales.

En este sentido, el informe señala que “entre 2015 y 2016 se redujo la cantidad en 1436 casos. Sin embargo, si se considera por separado las empresas en las que hubo saldo negativo o positivo en la cantidad de trabajadores netos en la comparación interanual, se percibe que la reducción fue de 2199 empleos, compensados por el ingreso de 763 trabajadores”.

En el primer año del Gobierno de Cambiemos, las empresas públicas más perjudicadas por los despidos en términos de tamaño de planta fueron, en primer lugar, Lotería Nacional, que previo a su disolución en 2018 sufrió un recorte del 18% de su planta de empleados (199 trabajadores despedidos), y a la que se le sumaron otros 160 tras el cierre.

Le sigue en proporción la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), con 329 despidos y una reducción del 21% en la planta. A este ajuste se sumó una nueva reducción de personal entre 2017 – 2018, que dejó a 680 de sus trabajadores sin empleo. Con este nuevo ajuste, la fábrica radicada en Córdoba redujo al 50% la planta que ya había sido recortada en 2016.

Si se toma en cuenta el periodo comprendido entre mayo de 2017 e igual mes del 2018, los puestos de trabajo recortados contabilizan 2264. Los mayores ajustes se dieron en FADEA (680 despidos), Radio y Televisión Argentina (646 despidos), Yacimiento Carbonífero Río Turbio (400 despidos) y Fabricaciones Militares (345 despidos).

Por último, desde el CEPA estiman que, con base en las condiciones que el Gobierno nacional acordó con el Fondo Monetario Internacional establecidas en el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras entre Argentina y el FMI, la reducción en las empresas estatales podría ascender a cerca de diez mil puestos de trabajo para el periodo 2018 – 2019.

“En términos materiales, ese recorte solo implicaría una reducción de entre $1800 (considerando salarios de 2016) y $3000 millones (considerando salarios de 2018), es decir, si consideramos las transferencias a las empresas estatales en los niveles de 2016 de $91.273 millones, el ajuste en la plantilla solo permitiría una reducción de dichas transferencias en aproximadamente 2% a 3%”, concluyeron desde el CEPA.

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