Por unanimidad se aprobó la media sanción de la Ley Nacional 26.160

Con la desaparición de Santiago Maldonado como telón de fondo, el Senado aprobó este miércoles la ley que protege la posesión de tierras en manos de las comunidades originarias e impide los desalojos por un periodo de cuatro años, pese a la resistencia inicial de Cambiemos, que pretendía bajar el plazo a dos años y medio. Finalmente el oficialismo cedió y la norma se aprobó  por unanimidad.

“La ley 26160 anduvo, porque dimos la seguridad de que ninguna comunidad originaria iba a ser desalojada”, defendió la posición del peronismo la senadora del PJ-Frente para la Victoria Liliana Fellner, autora junto a Alicia Kirchner de la norma que originalmente se aprobó en 2006 y que tuvo como objetivo declarar “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país” por un plazo de cuatro años. Esa ley fue prorrogada en dos oportunidades, en 2009 y 2013, y vence el próximo 23 de noviembre.

La senadora jujeña fue la encargada de explicar que la posición del oficialismo, que pretendía reducir el plazo de prórroga por dos años y medio en lugar de cuatro. “Si hiciéramos eso estaríamos incumpliendo el Convenio 169 de la OIT, que establece que se debe consultar a los pueblos originarios cada vez que se prevean medidas que los afecten”, explicó Fellner. El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue aprobado por Argentina en 1992 y tiene estatus supralegal.

En el mismo sentido se expresó la senadora rionegrina Magdalena Odarda, presidenta de la Comisión de los Pueblos Indígenas, quien indicó que cuatro años “es el plazo mínimo” para llevar adelante el relevamiento técnico sobre las tierras, que el Estado debe hacer a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

“Si en 11 años hubiese habido voluntad política de resolver este tema, no estaríamos hoy pidiendo una nueva prórroga”, apuntó la senadora radical Silvia Giacoppo, que agregó que el oficialismo consideraba que el plazo no debía ser extenso “para que el gobierno que venga en dos años no herede el problema que heredó” Cambiemos pero que, de todas formas, acompañaría la renovación por cuatro años.

Sin embargo, a la hora de la votación en particular, el senador por Cambiemos Ernesto Martínez volvió a proponer que el plazo fuera prorrogado por un término de 18 meses, primero, que pudieran extenderse por 12 meses. La iniciativa no encontró eco ni su propio bloque. El senador Juan Manuel Abal Medina rechazó el cambio por parte del peronismo y solo cuatro senadores de Cambiemos acompañaron la idea.

“Todos los sectores políticos y el gobierno nacional estamos a favor de votar la prórroga de la ley. El Gobierno, en beneficio de las comunicaciones aborígenes, quería prorrogar por dos años medio porque dice q está en condiciones de resolver este problema. Pero la vamos a votar así”, había anunciado el radical Ángel Rozas, que ayer decidió renunciar a la presidencia del interbloque Cambiemos pero que de todas formas tuvo a su cargo el cierre del oficialismo.

Desde la bancada del PJ-Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto había defendido la posición del peronismo de apostar a la prórroga por cuatro años y agregó su opinión sobre el conflicto mapuche, que dio terminó con la desaparición de Santiago Maldonado. “Voy a dar una opinión mía personal, no es expresando al bloque: para mí no hay tierra sagrada en Argentina. Esto hace a una mirada de soberanía. No vengo acá a hacer un ejercicio demagógico barato”, dijo el jefe del bloque peronista. El rionegrino apuntó en particular contra el grupo de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y dijo que “no se puede tolerar de ninguna manera a grupos violentos”. “La legitimidad del reclamo de las comunidades originarias de ninguna manera puede ser llevada a cabo por mecanismos de violencia”, cerró.

El conflicto mapuche también fue mencionado por el senador Alfredo Luenzo, quien explicó que ese pueblo originario “que ha sido demonizado, está perfectamente integrado en la provincia de Chubut” y que “muy lejos de la violencia, los pueblos originarios solo reclaman tener las tierras que les pertenecen”. “Por no poner en práctica la ley 26.160 es q hoy estamos hablando del caso Maldonado”, lamentó Luenzo.

El proyecto fue finalmente aprobado en general por unanimidad, con 62 votos a favor y ninguno en contra. Ahora pasará a Diputados, donde debe ser aprobado antes del 23 de noviembre, fecha en la cual vence la protección contra los desalojos en las tierras en litigio.

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